Espiral de violencia en La Araucanía

La situación de violencia que afecta a la Macrozona Sur, en particular a la región de La Araucanía, ha experimentado por estos días un peligroso escalamiento, luego de que la vivienda particular del recién electo consejero constitucional Héctor Urban (Partido Republicano) fuera atacada a tiros, encontrándose él y su familia al interior del hogar. Horas antes el padre del consejero también fue atacado con disparos mientras se desplazaba en su automóvil. Estos hechos se enmarcan en una dura jornada que ha vivido la región, pues grupos insurgentes han atacado con disparos a vehículos en la Ruta 5 Sur, hirieron a un funcionario municipal y han protagonizado quemas de camiones.

La amenaza a autoridades o personeros públicos en esta región no es algo nuevo. A lo menos seis alcaldes han sido objeto de amenazas directas por parte de estos grupos; también lo han sido parlamentarios de la zona -lo que incluso ha motivado pronunciamientos por parte de la Cámara de Diputados y el Senado-, y ciertamente los fiscales de la zona también han sido víctimas de amedrentamientos. Tanto por las amenazas que los persecutores han recibido en esta región, así como en otras donde hay fuerte presencia de crimen organizado, el fiscal nacional ha comprometido como parte de sus prioridades conformar una unidad especializada para investigar este tema.

Pero el ataque directo -y que pudo haber tenido consecuencias potencialmente fatales- a un personero con responsabilidades políticas era algo aparentemente no visto, un hecho ciertamente gravísimo y del que no cabe descartar que pueda estar anticipando que otros personeros y autoridades puedan comenzar a correr igual suerte. Es fácil advertir que si el quehacer de estos grupos armados deriva en un espiral de este tipo, las implicancias de ello para el normal desenvolvimiento de las instituciones y la integridad de las autoridades o de quienes desempeñan cargos públicos corre un serio riesgo.

El gobierno, en voz del subsecretario del Interior, ha dicho que actos de esta naturaleza no serán tolerados, y si bien esa es la señal que cabe esperar, tal como ya se ha advertido reiteradamente en estas páginas las medidas que se han tomado en la Macrozona Sur ya no resultan suficientes para disuadir a estos grupos que practican el terrorismo. La Araucanía así como las provincias de Arauco y Biobío están próximas a enterar un año continuo bajo estado de excepción constitucional, lo que ha permitido el despliegue de personal de las Fuerzas Armadas en apoyo de las policías. Aun cuando su rol ha sido fundamental, permitiendo que el número de atentados disminuya, la violencia no se ha detenido y a ratos aparece desbordada, como de hecho parece estar ocurriendo por estos días.

Se hace urgente una intervención a mucho mayor escala, pues si ya es intolerable que distintas actividades empresariales así como los habitantes de estas zonas estén siendo objetos de amedrentamientos y ataques, su posible escalamiento hacia autoridades o personeros con responsabilidades públicas suponen un desafío directo al Estado, pero también a la democracia misma. La experiencia que se ha visto en otros países debe resultar aleccionadora en cuanto a los riesgos que algo así implica.