Estado de emergencia y “protección de la vida”

El Congreso, por amplia mayoría, aprobó la séptima renovación del estado de emergencia en La Araucanía y dos provincias del Biobío, la cual fue solicitada por el Ejecutivo en uso de sus facultades privativas. Esta vez, el decreto respectivo ha sido ampliado, pues si bien la presencia de las Fuerzas Armadas seguirá acotada a asegurar el libre tránsito y seguridad de las rutas, el mandato fue ampliado a la “protección de la vida de las personas”, un cambio importante respecto de cómo se venía procediendo hasta ahora y que denota una mejor comprensión de lo que está en juego en las zonas afectadas por la violencia.

El hecho de que se haya hecho explícito este mandato es la confirmación de los extremos niveles de peligro que se ha alcanzado en la Macrozona Sur, donde operan varios grupos que, escudándose en la causa indígena, incurren en prácticas propias del terrorismo, llevando a cabo atentados incendiarios, amedrentamientos e incluso asesinatos, que ya han cobrado la vida de múltiples personas. Solo hace algunos días se produjo un gravísimo atentado en Contulmo, que dejó como saldo a una persona con su pierna amputada y otra que perdió un globo ocular.

No cabe duda de que cuando la vida de las personas es lo que está en juego la autoridad no puede escatimar todas las herramientas del Estado de Derecho que están a su alcance para ir en su resguardo, y en tal sentido la ampliación del mandato es un paso acertado, donde cabe esperar que el gobierno y sus partidos entreguen todo el respaldo político al quehacer de las Fuerzas Armadas y de las policías en la delicada tarea que se les ha encomendado.

En su exposición ante el Senado y la Cámara Baja, la ministra del Interior entregó una serie de antecedentes que dan cuenta de una importante caída en el número de atentados así como de personas heridas luego de la aplicación del estado de emergencia, lo que si bien dista aún de ser una solución satisfactoria, es evidente que sin este apoyo de las Fuerzas Armadas la situación sería aún peor.

Ha costado mucho para que el gobierno finalmente haya llegado hasta el punto de aceptar el estado de emergencia como algo necesario en las actuales circunstancias. Cabe recordar que apenas asumido el mandato se dejó sin efecto la invocación de este estado -que venía aplicándose desde la administración anterior-, aduciendo que no se podía “militarizar” la zona, reivindicándose, además, el concepto de “Wallmapu”, incluso con insinuaciones de que en el país existían presos políticos. Luego, forzado por los hechos, y tras fracasar su intento legislativo de un “estado de emergencia intermedio”, el gobierno tuvo que invocar un estado de emergencia “acotado”, hasta finalmente llegar a la ampliación de esta facultad, y reconocer que debe seguir presente en el nuevo ordenamiento constitucional. Estos zigzagueos sin duda le han costado caro al país, sobre todo a los habitantes de las zonas en conflicto, y han contribuido al temprano desgaste del gobierno, pero es valorable que, aun a regañadientes, se busque rectificar.

De continuar la grave situación de violencia en la Macrozona, entonces el siguiente paso deberá ser decretar el estado de emergencia en forma, sin las limitaciones que siguen presentes, pues la obligación constitucional del Ejecutivo de asegurar el orden público ha de prevalecer sobre cualquier consideración ideológica.