Estado de excepción en la zona norte

Como una forma de desactivar el paro llevado a cabo por camioneros en la Región de Tarapacá -el que también se extendió a otros puntos del país-, el gobierno accedió a decretar estado de excepción constitucional en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, medida que comenzará a regir apenas la Contraloría tome razón del decreto respectivos. Las movilizaciones recibieron amplio respaldo en la zona luego del asesinato de un camionero; la ola de delincuencia que afecta a esta región -con evidente presencia de bandas dedicadas al narcotráfico-, así como los focos de inmigración descontrolada terminaron por generar un cuadro de malestar ciudadano potencialmente muy grave.

El estado de excepción, si bien es una medida que en general parece haber sido bien recibida por los habitantes de la zona así como por la mayoría de los parlamentarios de Tarapacá -aunque llama la atención que varios de ellos han sido en cambio renuentes a respaldar la aplicación de dicho estado en La Araucanía-, es difícil suponer que ello pueda constituir la solución al problema. Por de pronto, su invocación no parece responder a una planificación exhaustiva de La Moneda, sino a una medida que fue necesario improvisar producto de la presión de los gremios, por lo que hay dudas de cuál será el rol que el gobierno pretende asignar a las fuerzas militares, que no sea el actuar por presencia. Estas ya prestan colaboración con las policías en la vigilancia de las fronteras en el extremo norte -en virtud de un decreto expedido por el actual gobierno-, y si el objetivo fuere entrar de lleno a la custodia de los pasos fronterizos o en la vigilancia en las ciudades, tales funciones revisten en este caso una serie de complejidades.

Si bien es reprochable que los métodos de presión por parte de los camioneros hayan incluido el bloqueo total de carreteras, puertos y aeropuertos, las movilizaciones han servido para visibilizar el grave problema de orden público que se vive en la zona, el cual se ha instalado de lleno como uno de los desafíos ineludibles en la agenda política. La saliente administración de Sebastián Piñera, que en sus inicios pareció tener cierto éxito en ordenar la inmigración ilegal -un problema que se venía gestado de antes, sobre todo en la segunda gestión de Michelle Bachelet-, definitivamente no logró contenerla, y a solo semanas del término del mandato, se ve en la necesidad de improvisar medidas de contención. El nuevo gobierno debe tomar nota que esta crisis le repercutirá apenas asuma, por lo que llama la atención que hasta aquí no haya ahondado en sus propias estrategias para enfrentar la situación.

Además del indispensable refuerzo policial, un punto esencial radica en un mejor control de las fronteras -especialmente en los pasos que conectan con Bolivia- y en la decisión política de aplicar en forma estricta las normas que regulan la migración. A pesar de que el Congreso despachó a ley la exhaustiva reforma que impulsó el propio gobierno, la dictación del reglamento para hacer operativa la norma ha tardado un año, lo que sugiere que no se calibró la importancia de contar cuanto antes con este instrumento.