¿Estado de sitio en la Macrozona Sur?

Una nueva ola de ataques en la Región de Los Ríos -donde se quemaron 13 camiones en la comuna de Paillaco- ha reactivado las peticiones por parte de parlamentarios de oposición para que el gobierno decrete el estado de excepción constitucional de sitio, el cual está previsto en caso de guerra interna o grave conmoción interior.

Sorpresivamente, el senador socialista José Miguel Insulza también se ha abierto a esta posibilidad, pensando en la Macrozona Sur. “Yo soy muy cuidadoso con esto y lo he pensado mucho, pero realmente hay un momento en que uno tiene que poner orden, porque si no, la democracia no va a sobrevivir. Y después va a haber otros que, a pretexto de poner orden, van a poner fin a la democracia”, señaló.

La ministra del Interior ha sido renuente a una medida de esta naturaleza, pero en cambio se ha abierto a la posibilidad de extender el estado de emergencia a Los Ríos, medida que rige en forma continua hace más de un año en La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío.

Resulta evidente que la inseguridad en la Macrozona Sur ha alcanzado niveles alarmantes, donde ya sin tapujos se reconoce que hay hechos de carácter terrorista, una definición que hasta hace muy poco el oficialismo se negaba a aceptar. Una situación de este tipo exige por parte del Estado medidas de carácter excepcional, donde el estado de emergencia forma parte de la batería de herramientas a las que el Presidente de la República puede echar mano. En ese orden de cosas, la seguidilla de atentados que se han visto en zonas de esta región ya permite configurar las condiciones para que el estado de emergencia también se extienda allí.

Probablemente esto no será disuasivo suficiente para los grupos que se encargan de sembrar el temor, pero cuando menos el gobierno estaría dando una señal política en lo que toca a catalogar los hechos conforme su propia naturaleza, y no seguir autoengañándose pretendiendo que estos ataques son distintos de los que tienen lugar en La Araucanía. En Los Ríos los atentados surgieron en un primer momento como algo ocasional, pero a estas alturas su frecuencia y escala se han amplificado de tal manera -de la mano de grupos que promueven reivindicaciones indígenas- que la respuesta de la autoridad debe ser la misma.

Con todo, escalar hasta el estado de sitio no parece por ahora una solución atingente, pues una serie de medidas que contempla ya están contenidas en el estado de emergencia, por lo que su invocación -además de resultar muy excepcional, pues la última vez que se aplicó fue en la década de los 80-, podría entregar una falsa sensación de que bastaría con ello para resolver este problema.

El gobierno no puede pasar por alto que esta vez considerar la posibilidad de declarar estado de sitio proviene desde sus propias filas, lo que es indicativo que en las fuerzas oficialistas se está percibiendo que la inseguridad en la zona está alcanzando niveles intolerables, que incluso pueden poner en riesgo nuestra democracia. Ya ha quedado claro que pretender descansar solo en el estado de emergencia es insuficiente para contener está ola de violencia, por lo que se hace indispensable que el Ejecutivo despliegue un plan más reforzado, con medidas mucho más enérgicas, acorde con la gravedad de lo que se vive.