Estado del suministro energético en el país

A mediados de 2019, el actual gobierno presentó el plan de retiro voluntario de centrales a carbón, cuyo objetivo era apagar por etapas las 28 centrales termoeléctricas que operaban a la fecha para 2040, de las cuales ocho se cerrarían antes de 2024. Ese año, Chile estaba a cargo de organizar la COP25 y el anuncio fue una poderosa señal en el camino por sumar a nuevos países en los compromisos de descarbonización impulsados por Naciones Unidas, indispensables para el cumplimiento de las metas de reducción de gases de efecto invernadero y enfrentar los efectos del cambio climático. Desde entonces, el gobierno no solo confirmó esa hoja de ruta, sino que aceleró su cumplimiento, y a mediados del año pasado, el Presidente de la República anunció la decisión de adelantar el proceso de cierre de otras cuatro centrales a carbón para 2025.

De concretarse lo anterior, entre 2026 y 2040 solo quedarían operando 10 de las 28 centrales a carbón que existían hace poco más de dos años, lo que equivaldría al 20% de la capacidad instalada. Y si bien el plan de retiro contempla lo que se denomina Estado de Reserva Estratégica y la capacidad de recurrir al diésel para cubrir la demanda energética en caso de necesidad, ello debe hacerse a un costo más alto de generación, con la consiguiente repercusión en el valor general de la producción energética. Si a ello se suma que el país enfrenta la mayor sequía de su historia y un severo estrés hídrico que está afectando a las centrales hidroeléctricas -como advirtió el reciente informe sobre el funcionamiento de abastecimiento de energía-, parece conveniente no caer en un exceso de voluntarismo y evaluar seriamente los plazos asumidos.

Más allá del necesario avance hacia la descarbonización de la matriz energética es importante que esta se haga acorde con los ritmos que plantea la demanda y evaluando contingencias imprevistas, como sucede hoy no solo con el agravamiento de la sequía, sino con los efectos que tuvo tanto la pandemia en las redes de suministros como el actual conflicto en Ucrania en el valor de los hidrocarburos. En ese sentido, es importante que la Comisión Nacional de Energía (CNE) responda con prontitud a la solicitud de postergación del cierre de Bocamina II y de Ventana II, hecha no solo por las empresas sino también por el Coordinador Eléctrico Nacional. En caso de cerrarse, ambas deberán ser suplidas con unidades a diésel, lo que resulta a la larga más ineficiente, como reconoce el propio Coordinador Nacional. Con todo, la CNE tiene las facultades para postergar por un año el cierre.

Frente a un previsible escenario de mayor demanda energética, menor disponibilidad de aguas lluvia para las centrales hidroeléctricas, y alza de los costos del petróleo y los hidrocarburos, es importante ir evaluando las capacidades de reemplazo de la matriz, guiados siempre por consideraciones técnicas y no ideológicas. Al margen del positivo compromiso asumido en el combate del cambio climático y la apuesta por energías limpias, el proceso de descarbonización debe avanzar teniendo siempre en cuenta el aseguramiento del suministro eléctrico.