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Un intenso debate ha surgido en torno al rol de la Iglesia en la discusión del aborto. Esto se desató tras las palabras de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dijo que “las decisiones no se toman pensando en los príncipes de la Iglesia”, refiriéndose al cardenal Fernando Chomali, quien calificó como un “regalo” la postergación del debate parlamentario sobre el aborto en Chile.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), garantizar el acceso a servicios de aborto seguro es clave para prevenir muertes maternas y complicaciones graves. En Chile, donde el aborto solo está permitido bajo tres causales, las barreras para ejercer incluso estos derechos afectan principalmente a mujeres en situación de pobreza.
El Estado laico garantiza que las políticas públicas respeten la diversidad de creencias y se basen en evidencia científica y derechos humanos, no en preceptos religiosos particulares. Esto no es un ataque a la religión, sino un mecanismo para evitar que ninguna creencia prevalezca sobre otras en asuntos públicos.
La autonomía de las mujeres es clave en este debate. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo no debería estar subordinado a interpretaciones. Un Estado laico permite avanzar hacia una sociedad donde los derechos, incluida la libertad religiosa y la autonomía personal, sean plenamente respetados.
Susana Riquelme
Académica y jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia Política, Universidad de Concepción
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