Estancamiento en combate a la corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2022 -medición que considera 180 naciones o territorios- no ha traído noticias especialmente alentadoras, pues a nivel global la mayor parte de los países muestra nulos o escasos avances en la lucha contra este flagelo. El promedio global ha permanecido en 43 puntos durante la última década -de una escala que va entre 0 y 100, donde este último valor representa a los países más sanos-; dos tercios de los países registran puntajes inferiores a 50. En los últimos cinco años apenas ocho han mostrado progresos significativos.

En el caso del continente americano, el informe indica que por cuarto año consecutivo el puntaje promedio se ha estancado en 43 puntos, donde se ha podido observar que la falta de medidas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas ha impulsado la presencia del crimen organizado y otras manifestaciones de violencia, lo cual resiente la democracia, los derechos humanos y el desarrollo.

Dentro de ese contexto, la realidad de Chile presenta dos caras. Si bien nuestro país sigue estando entre los países de la región con mejor puntaje -encabezados por Canadá, seguido de Uruguay y Estados Unidos-, ubicándose en el lugar 27 en el informe 2022, éste a su vez muestra un preocupante estancamiento, pues desde 2017 que el país viene registrando 67 puntos. El año 2014 fue cuando apareció con su mejor puntaje (73), acercándose al estándar propio de los países de la OCDE.

Los resultados deben constituir por lo tanto un llamado de atención, pues el país debe medirse contra la realidad de países desarrollados, y no con el pobre resultado que se exhibe en buena parte de los países de la región, especialmente de Centroamérica. El caso uruguayo es de los pocos que en este tiempo ha mostrado progresos, muy distinto de lo que se observa en Venezuela, que se ubica casi al final de la tabla a nivel global, reflejo de la descomposición institucional que aqueja a dicha nación.

En los últimos años Chile ha sido afectado por una serie de escándalos de corrupción, particularmente en el ámbito de la política, lo que inevitablemente se ha traducido en una severa pérdida de confianza hacia instituciones públicas fundamentales. No debe sorprender que el Congreso, los servicios públicos o ministerios, así como los municipios -estos últimos han estado en la primera plana tras destaparse casos de desviación de cuantiosos recursos públicos a través de la figura de corporaciones- figuren entre aquellas entidades en que la ciudadanía percibe que podrían estar los mayores focos de corrupción a nivel de organismos públicos.

Estas tendencias deben ser objeto de preocupación, porque en la medida que exista una pérdida de confianza hacia la institucionalidad, en esa misma medida aumenta el riesgo del surgimiento de autoritarismos o bien que flagelos como el crimen organizado logren extender sus tentáculos.

Sin perjuicio de que el país se ha ido dotando de legislaciones que permiten combatir mejor los focos de corrupción, claramente estos esfuerzos están siendo insuficientes. El ámbito municipal es uno de los que por de pronto requiere sustantivas mejoras en términos de transparencia y control de fondos públicos. La buena noticia es que Chile aún está de lejos de entrar en zonas donde la corrupción se torne irreversible, por lo que es el momento de retomar una agenda activa en esta materia.