Etapa clave del Consejo Constitucional

El lunes venció el plazo para que las distintas bancadas del Consejo Constitucional presentaran enmiendas al proyecto que fue presentado por la Comisión Experta. Finalmente fueron algo más de mil, donde por lejos el bloque que introdujo más cambios fue el del Partido Republicano, con más de 400. Tanto por su elevado número como por el contenido de varias de las propuestas, estas fueron duramente criticadas sobre todo por sectores del oficialismo, que en estas condiciones ven cuesta arriba la posibilidad de que se alcance un acuerdo en torno a una propuesta de consenso. Algunas voces derechamente han planteado que se trata de un intento deliberado por torpedear el proceso, considerando que los republicanos son la fuerza mayoritaria dentro del Consejo.

Cabe partir de la base de que era impensable suponer que atendida la abrumadora mayoría que los republicanos obtuvieron en las urnas, sus idearios no estuvieran presentes en las enmiendas. Dicho partido ya había manifestado una serie de objeciones con algunos de los contenidos formulados en la discusión constitucional, y conforme con dicho predicamento hicieron campaña y recibieron el apoyo ciudadano. El mismo proceso diseñado por el Congreso contempló la elección de consejeros justamente para deliberar en torno al anteproyecto, por lo que estaba asumido que dicha propuesta es un punto de partida, pero no necesariamente el punto de llegada, el cual será el fruto de las negociaciones entre todos los sectores, lo que supone que idealmente ninguno se sienta del todo derrotado en el proceso.

Pero también era un hecho que al ser los republicanos la fuerza dominante, sobre ellos recae la mayor responsabilidad para asegurar que el proceso constituyente llegue a buen puerto. Siendo por lo tanto legítimo que hayan mostrado sus cartas por la vía de las indicaciones y perfilado mejor su identidad de cara al electorado -de hecho, sus enmiendas no fueron consensuadas con los partidos de Chile Vamos-, viene ahora la fase en que deberán actuar con el máximo de prudencia y astucia para evitar que se repitan los errores que llevaron al naufragio del proceso anterior, algo en lo que fácilmente pueden caer aquellos sectores que han conquistado la mayoría.

En esto es fundamental comprender que las constituciones no son programas de gobierno, sino grandes principios a partir de los cuales se estructura el Estado, sus poderes y los derechos y obligaciones de la sociedad, dejando que esto luego se aterrice en la deliberación legislativa que le cabe a los representantes que la ciudadanía elija. El proyecto anterior se dejó arrastrar por ideas refundacionales que solo representaban a un sector de la sociedad, pretendiendo regular pormenorizadamente cada aspecto de la vida de las personas, desentendiéndose del sentido común, de los consensos ya alcanzados en estos años y buscando limitar al máximo el contenido de las futuras leyes.

Algunas de las enmiendas de los republicanos podrían encaminarse a repetir el mismo error, como por ejemplo al detallar el tipo de impuestos -se propone impedir los impuestos patrimoniales, o terminar con el pago de contribuciones en el caso de la vivienda principal-, reducir drásticamente el número de parlamentarios o cambiar la conformación de los distritos, extender el derecho a la protección de la vida a un nivel que podría hacer incompatible la actual ley que despenaliza el aborto en tres causales, o insistir en la idea de que los condenados mayores de 75 años pudieran cumplir la pena en su domicilio, abriendo un complejo flanco con quienes creen ver aquí un intento por favorecer a los condenados por delitos contra los derechos humanos.

Si no existe la suficiente inteligencia para discriminar bien aquello que debe estar en la Constitución y lo que debe ser dejado a la ley; si no se pone suficiente atención en que debe evitarse la actitud de “pasar máquina” y que la nueva Constitución debe representar bien a todos los sectores y no solo a algunos, hay riesgo de que el proceso naufrague.

La fase que ahora se ha iniciado -y que culminará en octubre, cuando el Consejo presente su propuesta y los expertos puedan hacer sus observaciones- requiere dar tiempo a las negociaciones, escuchar argumentos y ver qué gana y qué cede cada sector; desde luego también hay que evitar las reacciones estridentes, como la que ha tenido el PC -que ya amenaza con recurrir a la Corte Suprema para impugnar algunos de los contenidos de las enmiendas republicanas, sin que el máximo tribunal esté contemplado como instancia de reclamación- o de voces del oficialismo que traslucen un anticipado derrotismo. También resulta improcedente que el gobierno, tal como en el proceso anterior, nuevamente comience a tomar partido por determinadas posturas -el ministro de Justicia criticó la propuesta de condenados mayores de 75 años-, pues su rol debe ser de total prescindencia.