Expansión de Codelco en el negocio del litio

Recientemente Codelco anunció la compra de Lithium Power International (LPI), una empresa junior de capitales australianos, la cual es dueña del proyecto Salar Blanco -el cual se ubica en el salar de Maricunga- y que viene desarrollando desde hace más de una década para producir a futuro carbonato de litio.

Esta compra por parte de Codelco se enmarca en el mandato que le entregó el gobierno para desarrollar la Estrategia Nacional del Litio, con la restricción de que cualquier proyecto debe desarrollarse con control estatal. La adquisición le permitirá a Codelco sumar 2.540 hectáreas de pertenencias mineras a las 2.500 hectáreas que ya posee en el Salar de Maricunga.

Según las cifras entregadas por LPI, además de los US$ 244 millones que deberá desembolsar Codelco por esta compra, para efectos de desarrollar el proyecto la estatal deberá desembolsar entre US$ 626 millones y US$ 800 millones adicionales con el fin de producir 20 mil toneladas anuales.

En momentos donde se requiere que Codelco se recupere de sus pobres resultados operacionales y complejos desafíos que tiene en el mediano plazo, cuesta ver la pertinencia de esta decisión. Si bien el proyecto inicial era crear una empresa estatal, ante la inviabilidad política de que una iniciativa así prospere en el Congreso se ha buscado utilizar a Codelco para poder concretarla, eludiendo con ello una importante discusión parlamentaria para definir una estrategia nacional de desarrollo del litio. Esto cobra especial relevancia, ya que se corre el riesgo de que a futuro un gobierno de distinta sensibilidad deseche por completo esta estrategia, la que de momento está reflejando la visión de un determinado sector político.

Codelco como socio controlador tiene conocimiento en el cobre, pero no tiene experiencia en la explotación, comercialización y en la cadena de valor del litio, por lo que para desarrollar éste y futuros proyectos debería buscar un socio privado. Un escenario plausible hubiese sido que los inversionistas privados de Salar Blanco se hubieran mantenido en la propiedad junto a un Codelco controlador, pero que por alguna razón esto no ocurrió.

La compañía lidia en estos momentos con una sustancial caída en su producción, alta rotación de ejecutivos, importantes sobrecostos en sus proyectos estructurales y recientemente fue objeto de una baja en su clasificación de riesgo. De allí que resulta un contrasentido que con las dificultades que enfrenta en su negocio principal, el gobierno la esté utilizando para el desarrollo de otra industria que no conoce y que distrae a la empresa de su tarea fundamental, que es maximizar el valor de su pertenencia de cobre. Es tiempo de que el país decida si quiere una empresa altamente eficiente en lo que sabe hacer -cuya principal medición de éxito serán los dividendos que entregue al Fisco-, o un gigante disperso en distintas áreas, sin garantía de que ello sea beneficioso para los intereses de todos los chilenos.