Extensa paralización de clases en SLEP de Magallanes

Los alumnos de los establecimientos públicos del Servicio Local de Educación (SLEP) de Magallanes no pudieron dar inicio a su año escolar como el resto de los estudiantes del país. Esto, debido a la paralización impulsada por el Colegio de Profesores de la región que, con el objetivo de presionar por un aumento en sus asignaciones, dispuso del derecho a la educación de más de doce mil niños, movilización que se extendió por casi un mes y que recién se levantó este fin de semana. Como contrapartida, sus pares de colegios particulares subvencionados y pagados pudieron incorporarse sin problemas en el espacio que, por definición, debiera ser el más idóneo para su aprendizaje y sociabilización, ampliando las brechas respecto a quienes están matriculados en el sector estatal, donde los intereses de grupos organizados parecen ser los que priman.

Con preocupación, este caso nos lleva al año 2023, cuando fue el SLEP de Atacama el que estuvo paralizado más de ochenta días. Si bien las causas que desencadenaron el conflicto de Magallanes son distintas a las que generaron el de la región nortina, ambos casos dejan en evidencia las deficiencias que tiene la educación pública y en especial la que están proveyendo algunos SLEP, así como la incapacidad del Estado de hacer valer un derecho tan esencial como el de la educación.

Desde la creación de los primeros SLEP en 2018, y pese a los ajustes que se han realizado al proceso de instalación de los siguientes, es posible identificar una serie de debilidades que van más allá de la puesta en marcha y que dicen relación con deficiencias estructurales de la nueva institucionalidad que, si no son atendidas, impedirán que el Sistema de Educación Pública pueda ofrecer mejores condiciones que la saliente administración municipal.

Por un lado, las falencias del modelo SLEP evidencian que su diseño inicial no logró anticipar las complejidades propias del traspaso desde la municipalización hacia un sistema más centralizado, donde se concentran las atribuciones para atender las situaciones y problemas que requieren ser resueltos desde el nivel local. Esta estructura ha limitado la capacidad de respuesta oportuna a las necesidades específicas de cada territorio. Además, la rigidez financiera inherente a un servicio público ha resultado ser un obstáculo significativo para una gestión educativa eficiente. A esto se suma la persistencia de la politización en el sistema, un problema que no ha sido mitigado por la separación de los municipios ni por la incorporación de directores ejecutivos en los SLEP, quienes se suponía aportarían profesionalismo e independencia en la administración.

Para superar estas dificultades, es fundamental revisar aspectos como la delimitación territorial, descentralizar la gestión de los profesores, así como ciertos procesos administrativos, y fortalecer las capacidades técnicas y financieras del Sistema de Educación Pública, reduciendo a su vez la burocracia y carga administrativa para agilizar las soluciones que exige la contingencia educativa. Sin estas reformas, el objetivo de garantizar una educación pública de calidad capaz de asegurar algo tan esencial como el derecho a la educación seguirá siendo una promesa incumplida.