Extensos cortes de luz: ¿Solo responsabilidad de Enel?

El temporal de viento y lluvia que afectó a la zona centro sur del país ha ocasionado extensos cortes de energía eléctrica, los que se dejaron sentir con especial intensidad en la Región Metropolitana -donde las rachas alcanzaron en algunos momentos inéditos registros de más de 120 km/h-, provocando que cientos de miles de hogares quedaran sin luz, situación que no ha logrado ser corregida del todo a más de una semana de los hechos. En otras regiones también se ha podido comprobar una lenta respuesta para reponer el suministro energético.

Una situación como esta ha causado justificada indignación ciudadana, considerando los trastornos para familias y empresas que ello ha implicado, donde las pérdidas que todo esto ha generado ciertamente son difíciles de cuantificar. Ha dejado también a la vista las vulnerabilidades de nuestro sistema de distribución de energía, que una y otra vez viene demostrando que no está preparado para resistir eventos climáticos intensos.

Los dardos se han centrado principalmente sobre Enel, distribuidora que tiene la concesión de 33 comunas de la Región Metropolitana. Los clientes no solo se quejan de la lentitud en los trabajos, sino también de graves fallas en los canales de información de la compañía, muchas veces incapaces de precisar los lugares donde no hay energía, o sin poder entregar estimaciones confiables de tiempos de espera para reparar las fallas. Todo esto, sumado a los incumplimientos de los compromisos de reposición de servicio a los que se había comprometido la propia compañía con la autoridad regulatoria, llevaron al Presidente Boric a activar el procedimiento para terminar anticipadamente la concesión de Enel, lo que es un hecho inédito y en todo caso no necesariamente se materializará, porque entre otros factores depende de que la empresa vaya incumpliendo una serie de aspectos, sin perjuicio de posibles recursos judiciales.

La compañía no niega los problemas que ha tenido para responder a los clientes, pero esgrime que se trata de un fenómeno meteorológico extremo y no previsto, que provocó masivas caídas de árboles en diferentes puntos de la ciudad, causando una extensa destrucción sobre la red eléctrica. La autoridad será la llamada a determinar si la compañía cumplió con las obligaciones que la ley le exige, o si incurrió en desidia y falta de previsión, lo que de ser así sin duda sería un factor que agravó decisivamente esta crisis. Ya se han cursado importantes multas -además de activarse los mecanismos de compensación-, a las que se suman las sanciones por $ 4 mil millones a raíz de los temporales de mayo pasado, entre otras razones por los prolongados tiempos sin servicio.

Con todo, parece atendible el argumento de que ante un fenómeno climático de estas dimensiones ninguna empresa podría haber estado preparada en forma efectiva para responder ante una emergencia así, porque los planes de contingencia se diseñan sobre ciertas lógicas. Enel sin duda tiene una cuota de responsabilidad en todo este desastre -aunque es discutible la pérdida de la concesión, atendido que se trata de un caso de fuerza mayor-, pero al dimensionar lo extenso de la destrucción y todos los problemas que se han detectado a continuación parece evidente que la culpa no es solo de Enel, sino que una serie de entidades públicas tampoco estuvieron a la altura, cuya falta de acción, de supervisión o de anticipar inversiones muy necesarias para reforzar el sistema de distribución previsiblemente también contribuyeron a amplificar los efectos de esta catástrofe.

Desde luego, los municipios deben responder por la falta de podas o la revisión de árboles en mal estado o con raíces superficiales, susceptibles a ser derribados con vientos incluso de menor intensidad a los registrados. Este problema se viene dando en cada temporal, sin que hasta aquí se observen medidas para abordar con decisión este problema, tal como ha quedado a la vista cuando en esta emergencia se ha reportado la caída de más dos mil árboles sobre el tendido eléctrico.

El exceso de cables en desuso en los postes -que en una situación de crisis constituye un lastre para acelerar las reparaciones- sigue sin ser una materia abordada, pese a que la ley “Chao Cables” se promulgó hace casi cinco años, pero cuyo reglamento la autoridad aún no termina de dictar. Esto sin duda es también una negligencia, respecto de la cual el gobierno apenas se ha referido.

El rol de la autoridad a cargo del sistema eléctrico debe también ser escrutado, porque no se ha visto proactividad para ir avanzando en soluciones que podrían ser más definitivas, como el soterramiento de los cables. Aun cuando es efectivo que implementar esa medida simultáneamente en toda ciudad sería de un costo inabordable, cabe preguntarse qué impide que ello se vaya haciendo de manera progresiva, aprovechando por ejemplo los trabajos para las instalaciones de fibra óptica que realizan las empresas de telecomunicaciones, que en general son líneas subterráneas. A su vez, en una emergencia como esta habría sido de gran ayuda contar con medidores inteligentes, los que ayudarían a detectar mucho más rápido las zonas donde hay cortes de luz, sin esperar que los propios clientes reporten. Lo irónico es que del orden del 40% de los medidores existentes son electrónicos, pero no son “inteligentes”, pues según ha explicado la autoridad para que ello ocurra debe existir una red eléctrica inteligente, equipamiento que no está en operaciones producto de que no fue implementado como política pública simplemente para ahorrarse la polémica por su costo. ¿Es esto solo responsabilidad de Enel?

También debe ser revisado el rol que ha cumplido el regulador en su tarea de supervisión, pues si bien la aplicación de multas es un aspecto relevante de su quehacer, a la par resulta fundamental asegurar que las fallas en que han incurrido las compañías se superen y se vaya logrando un aprendizaje. En 2017, con motivo de la abundante nieve que cayó en Santiago, también se produjo una catástrofe en la red eléctrica, algo que a Enel le valió la aplicación de una millonaria multa. Eso también fue un evento climático inesperado, y la pregunta es si esos problemas fueron debidamente internalizados -y fiscalizados- en las exigencias que deben cumplir las compañías. Hay también todo un debate regulatorio pendiente, pues no es claro que el sistema de multas y compensaciones funcionen como disuasivos efectivos.

En fin, todo esto deja en claro que ni a nivel de autoridades ni de los actores del sistema eléctrico se ha estado pensando estratégicamente en las inversiones que se requieren para robustecer nuestro sistema eléctrico, algo que resulta fundamental frente a la ocurrencia de catástrofes naturales y de un clima cada vez más impredecible.