Falencias en control sobre uso de recursos públicos

El lío de platas que ha involucrado a fundaciones abrió una intensa discusión acerca de cómo el Estado controla o fiscaliza el uso de recursos públicos. Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la facilidad con que los seremis o los gobernadores han podido asignar millonarios fondos a fundaciones mediante trato directo, sin exigencia de boletas de garantías o sin necesidad de acreditar un mínimo de experiencia o trayectoria.

Una revisión realizada por este medio a los traspasos que realizaron 25 entidades del Estado y que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía -donde se cuentan secretarías ministeriales regionales y gobiernos regionales- proporciona antecedentes que resultan ilustrativos para este debate. Uno de los antecedentes que llama la atención es que en el caso de los seremis, 60 de los 77 casos en indagación se llevaron a cabo bajo el actual gobierno, donde la entidad que más recursos transfirió fue la Seremía de Vivienda de Antofagasta, justamente donde estalló el caso de Democracia Viva. Entre el 3 de octubre de 2022 y el 21 de diciembre del mismo año, esta repartición transfirió más de $2.200 millones a cinco fundaciones. En el caso de la Seremía de Tarapacá, el monto transferido a dos fundaciones superó los $1.800 millones.

El caso de los gobiernos regionales también ha sido muy ilustrativo, con el agravante de que el monto de los recursos que han sido cuestionados supera los $23 mil millones, excediendo en tres veces los recursos investigados en el caso de las Seremías. Aquí llama la atención sobre todo el caso de Los Lagos, con más de $7 mil millones que han sido cuestionados, sin perjuicio de que el monto más alto individualmente considerado corresponde al Gobierno Regional de La Araucanía, con más de $3.400 millones.

Estos y otros casos que se han ido destapando cada semana son indicativos de que es necesario introducir nuevas reglas de fiscalización, pues claramente las que actualmente existen no parecen ser suficientes. En ese sentido, ya se están dando pasos para dejar sin efecto glosas introducidas en la Ley de Presupuestos que facilitaron este tipo de prácticas, mientras que en la Ley de Rentas Regionales también se busca avanzar por la vía de indicaciones para reforzar los controles sobre los gobiernos regionales.

El hecho de que se estén investigando operaciones en 15 gobiernos regionales es indicativo de que se han extendido prácticas muy inconvenientes, con importantes dosis de discrecionalidad, lo que claramente ha sembrado cuestionamientos sobre esta joven institucionalidad. Incluso algunos gobernadores han reconocido abiertamente que han privilegiado la ejecución presupuestaria por sobre criterios de eficiencia del gasto, para así evitar tener que devolver recursos al gobierno central.

El objetivo de descentralizar es relevante para el país, pero ello no puede ser a cualquier costo, y en tal sentido sorprende que los consejos regionales no hayan sido mucho más proactivos para fiscalizar el gasto de los gobiernos regionales. Contar con controles más reforzados en el uso de los recursos públicos es fundamental, ahora que con la ley del Royalty las regiones recibirán una parte de dichos recursos.

A nivel de gobierno central también es importante reforzar los mecanismos de control, particularmente en lo referido al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, unidad que ha tenido escaso funcionamiento bajo la actual administración. Es sorprendente que el contralor haya debido recordar que dicho estamento sí tiene un rol fiscalizador de los recursos públicos, contrario a lo que sostuvo el Ejecutivo ante la Cámara de Diputados.