Fallida nominación de fiscal nacional

Todas las señales indicaban con meridiana claridad que en el Senado no estaban los votos para aprobar a la candidata propuesta por el Presidente de la República para el cargo de fiscal nacional del Ministerio Público. Y de hecho así sucedió, pues solo obtuvo 26 respaldos, menos incluso de lo que había logrado el candidato que el Mandatario propuso en su primer intento. Tal como le sucedió entonces, esta vez el gobierno tampoco logró alinear a todos sus parlamentarios en torno al nombre propuesto, y volvió a fallar en la conquista de votos de senadores de oposición, fundamentales para lograr el exigente quórum de dos tercios. El resultado es ciertamente decepcionante, no solo porque ante la ciudadanía la imagen de la institucionalidad -en especial del Congreso- se ve aún más empañada, sino porque prolonga irresponsablemente una situación inédita, pues en toda su existencia jamás había ocurrido que el Ministerio Público estuviese sin un titular en su dirección por ya casi tres meses, justo en momentos en que la delincuencia arrecia.

Frente a este nuevo fracaso ya hay voces que se han apresurado en cuestionar las reglas del proceso para elegir dicho cargo, o bien pretendiendo cargar las principales responsabilidades en el actuar del Congreso. No se repara en que el problema de fondo está ante todo en la evidente desprolijidad con la que el gobierno ha manejado esta delicada materia, pretendiendo imponer su voluntad y desentenderse de una cuestión básica como es el hecho de que el diseño para la elección de fiscal nacional supone necesariamente tener que negociar los votos con los parlamentarios. A la luz de esto resulta a lo menos extraño que cuando el Ejecutivo falló precisamente en una de sus tareas centrales, como es asegurar los respaldos necesarios para aprobar sus proyectos, ello esté transcurriendo aparentemente sin que se haga efectiva ningún tipo de responsabilidad política, considerando que tanto la ministra de Justicia como la de la Secretaría General de la Presidencia son quienes han estado a cargo de la conducción de ambos procesos.

El diseño dispuesto por la Constitución se estructura sobre la base de contrapesos entre los tres poderes del Estado, y si bien el Presidente es quien tiene la potestad de proponer un nombre al Senado -el cual lo escoge de una quina que a su vez ha elaborado la Corte Suprema-, ello no supone que tal proposición sea la que tenga que prevalecer por ese solo hecho. Entender así el proceso equivaldría a que el rol del Senado sería puramente decorativo o de mero buzón del Ejecutivo, lo que claramente no es el espíritu de las normas que rigen esta elección ni lo propio de cualquier proceso político. En esa misma lógica de respetar los ámbitos de cada quien, también resulta cuestionable el predicamento de algunos senadores, que parecen haber cerrado filas en torno a uno de los nombres que siguen en carrera. Caer en ese tipo de intransigencias sería al final un obstruccionismo muy dañino, sin entender que la única forma de llegar a puerto es que Congreso y Ejecutivo deben sentarse a negociar sin imposiciones y de buena fe.

Tampoco ha ayudado a distender el proceso la decisión que tomó el Mandatario de telefonear directamente al presidente de la Corte Suprema con el fin de consultarle si el pleno tenía contemplada la posibilidad de convocar a un nuevo concurso para conformar una quina, o si se limitaría a completarla con los candidatos que siguen en competencia. Distintas voces de la academia así como del ámbito parlamentario han coincidido en que se trató de un acto cuando menos imprudente, porque el Ejecutivo aparece buscando incidir en una materia que solo le cabe resolver al máximo tribunal en forma autónoma, creando un ruido totalmente innecesario.

Es fundamental, entonces, extraer los aprendizajes del caso para evitar que la elección de fiscal nacional fracase por tercera vez. Un hecho así, además de inimaginable, revestiría un grave daño al Ministerio Público y una total indolencia, sobre todo del Ejecutivo frente al clima de inseguridad en que hoy se vive, donde es fundamental asegurar que la entidad que tiene a su cargo la acción penal esté funcionando en la forma más eficiente posible. Las audiencias para elegir al nuevo fiscal han dejado a la vista las graves falencias que aquejan a la institución, y que requieren urgente atención. Los números indican que, a pesar de que la entidad ha recibido más recursos y personal, la duración de las causas se ha triplicado, crece el porcentaje de imputados desconocidos y el número de condenas en juicios orales ha disminuido. Es evidente que estos problemas son de enorme envergadura y exceden a un fiscal nacional, pero en tanto se prolongue la vacancia de su jefatura titular se da una incomprensible señal ante la ciudadanía.