Falsedades en campaña electoral

En los días que lleva al aire la campaña electoral de cara al próximo plebiscito constitucional del 17 de diciembre, ha sido posible constatar que el objetivo de contar con un espacio que permita informar adecuadamente a la ciudadanía sobre las posturas “a favor” y “en contra”, se ve seriamente comprometido ante la proliferación de mensajes inexactos o en algunos casos derechamente falsos, un mal en que lamentablemente parecen haber caído la mayoría de los comandos.

La idea de contar con campañas públicas es justamente brindar espacios para que las distintas opciones cuenten con las mismas posibilidades de llegar con sus mensajes a amplios sectores de la población, y si bien forma parte de las reglas del juego que en las campañas ante todo se busque persuadir a los electores -para lo cual es válido recurrir al ingenio, buscar resaltar las debilidades del contrario o exagerar las bondades de la postura propia-, un asunto distinto es que abiertamente se pretenda desinformar con el fin de ganar votos, o caer en descalificaciones gratuitas u ofensivas.

Como ejemplos de esto se pueden citar ideas que se han planteado en la franja “en contra”, donde se pone en entredicho la continuidad de la gratuidad en caso de aprobarse la nueva Constitución, que se puedan “robar los ahorros” o que se va a permitir que “ganen los narcos”. Por el lado del “a favor”, se han visto aseveraciones como que se acaban las listas de espera en salud, se frenará la inmigración descontrolada o que se “encerrará a los criminales”. En todos los casos se trata de afirmaciones que claramente juegan con la verdad.

Cuando se trata de una elección sobre candidaturas para llenar cargos de elección popular, es esperable que con el afán de buscar la diferenciación se apele a las emociones, y los eslóganes jueguen un papel mucho más determinante para influir sobre los electores antes que lo programático o el debate de ideas. Pero cuando el país se está pronunciado sobre un texto, y no sobre personas, cabría suponer que los argumentos razonados deberían tener un lugar mucho más destacado, sobre todo porque al tratarse de un texto es posible objetivar mucho mejor el debate sobre sus bondades o defectos.

Es perfectamente legítimo que sobre un texto existan distintas interpretaciones, y es de hecho lo que explica que hoy existan profundas diferencias respecto del alcance de algunas normas que se proponen en la propuesta constitucional. Pero el que una misma norma pueda ser interpretada de distintas maneras no exime de que ello se haga ateniéndose a parámetros elementales de veracidad, y no usarse como pretexto para lanzar mensajes completamente torcidos. En los hechos, obrar de esa manera implica desinformar de manera intencionada, lo que vulnera la fe pública sobre la que se supone debe descansar una campaña que está dirigida a todos los chilenos.

Es muy importante no perder de vista que cuando estamos discutiendo sobre las normas fundamentales que regirán al país -y que de una u otra forma tocarán la vida de cada uno de sus habitantes- es fundamental que este debate se haga con altura de miras, de modo que el voto sea lo más informado posible. Esto sobre todo es un imperativo cuando en nuestro caso la apertura de una instancia constituyente ha sido un proceso conflictivo, y lo menos que se requiere es seguir ahondando la dañina polarización que cruza la política. Todavía es tiempo de rectificar y apelar a una campaña mucho más constructiva.