Fin a la reelección de parlamentarios

A lo menos desde hace 14 años que vienen discutiéndose en el Congreso proyectos de ley para limitar la reelección de parlamentarios. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa en octubre de 2012 -refundiendo varios proyectos sobre la materia-, y desde entonces la iniciativa dormía en el Senado. La Cámara Alta se apronta a votar el proyecto la próxima semana, por lo que es posible que finalmente exista ley sobre la materia.

El proyecto -que consiste en una reforma a la Constitución- contempla en líneas generales que para el caso de senadores podrán estar dos períodos consecutivos (es decir, una sola reelección, totalizando 16 años), mientras que para diputados, alcaldes, consejeros regionales y concejales se contempla un máximo de tres períodos consecutivos (es decir, dos reelecciones, con un máximo de doce años). El punto que ha sido controversial es que la iniciativa establece la “retroactividad” -exceptuando por esta vez las elecciones municipales venideras, por ser ya un proceso en marcha-, computando el actual período para el cálculo, lo que es objetado por algunos.

Por la forma como está construido nuestra institucionalidad parlamentaria -altas dietas, excesivos gastos en asignaciones parlamentarias y reelección sin límites- se han ido creando incentivos para constituir maquinarias electorales que hacen en la práctica muy difícil la competencia y perpetúan a los incumbentes. El hecho de que 61 de los 80 parlamentarios que fueron a la reelección en la última contienda electoral resultaran electos sugiere que corren con excesiva ventaja. Es sano entonces que se busque abordar esta materia -especialmente cuando el Congreso está al final de la tabla en cuanto a confianza ciudadana-, para así favorecer la renovación de la política y estimular a que las personas más capaces sean las que tengan mejores chances de ocupar un escaño parlamentario.

La mejor forma de lograr este objetivo es asegurar que exista verdadera competencia electoral, tal que los incumbentes puedan ser efectivamente desafiados. Una reforma que apunte al fondo del problema debió hacerse cargo de las asignaciones, reduciéndolas significativamente y prohibiendo cualquier uso que pudiera tener una finalidad electoral. Ello, combinado con una dieta de un monto razonable, quitaría incentivos para seguir con estas maquinarias electorales. Se ha preferido en cambio abordar el problema por la vía de limitar la reelección en un mismo territorio. Aunque insuficiente, es un paso en la dirección correcta, y cabría esperar que el Senado lo apruebe. No se entendería que en una decisión tan trascendental como ésta algunos senadores optaran por inhabilitarse; es fundamental que se tomen definiciones de cara a la ciudadanía y ello quede plasmado en un voto.

Es pertinente que el período actual se compute para efectos del cálculo, como señal de que hay sincera voluntad de desprendimiento de privilegios. Resulta equívoco, sin embargo, plantearlo como “retroactivo”. Aun cuando limitar el periodo puede afectar las expectativas de los incumbentes de ser reelectos, no cabe darle un tratamiento de pérdida o afectación de derechos adquiridos.