Financiamiento a la educación superior

SEÑOR DIRECTOR:

El pasado 8 de octubre, el Presidente de la República ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que propone un nuevo instrumento de financiamiento estudiantil para la educación superior (FES), el que fue aprobado en diciembre en general por la Comisión de Educación. El proyecto deberá iniciar su revisión en particular en esta comisión en marzo, antes de pasar a la Comisión de Hacienda y así seguir un largo trámite legislativo.

Es importante reiterar que el proyecto aborda el gran problema de las deudas estudiantiles (CAE y otros créditos), con una condonación a un grupo parcial y minoritario (15% del total de deudores) de estudiantes que no tienen viabilidad de pagar. Se debe insistir en la reprogramación e incentivos para que los estudiantes morosos actualicen sus pagos y cumplan las obligaciones adquiridas. Por otra parte, existe consenso del retiro de la banca privada del sistema y de una mayor flexibilidad en las condiciones de pago del crédito. Es vital cambiar el modelo de pago propuesto, ya que el proyecto presenta un impuesto a los graduados, optando en cambio por un préstamo contingente al ingreso, es decir, solo devolver lo prestado. Además, se debe restituir el sistema de becas y la posibilidad de solicitar préstamos parciales que el FES elimina.

Sin embargo, el mayor problema del proyecto -lo hemos reiterado- radica en que atenta y lesiona gravemente la sostenibilidad de las instituciones de educación superior al plantear la eliminación del copago de las familias de los deciles 7, 8 y 9, quedando solo para el 10% de mayores ingresos; en especial, cuando aún no hay claridad de los aranceles regulados definitivos de las carreras. Así, esta propuesta significa un grave deterioro financiero para las universidades -en particular, las de mayor calidad del sistema-, lo que haría inviable el desarrollo futuro de estas universidades. Además, es un grave riesgo a la autonomía universitaria, al quedar el financiamiento de la educación superior en manos de las decisiones del gobierno de turno y sujeto a los vaivenes económicos fiscales futuros.

El proyecto actual debe ser modificado de manera considerable, ya que, si se quiere favorecer a los estudiantes y sus familias -lo que sin duda es importante-, este no debe lesionar el desarrollo de las instituciones de educación superior, que están al servicio de los propios estudiantes, sus familias y el crecimiento integral del país.

Ignacio Sánchez D.

Rector, Pontificia Universidad Católica de Chile