Fiscalización a planes de seguridad

Con motivo de la delicada crisis de seguridad por la que atraviesa el país, el gobierno ha hecho recientemente dos anuncios de magnitud. Por una parte, comprometió US$ 1.500 millones en régimen para destinarlos a este fin, en tanto que en los próximos días comenzará a ponerse en marcha el plan “calles sin violencia”, el cual abarcará por ahora 46 comunas del país, incluidas las capitales regionales.

A grandes rasgos, el aumento presupuestario -que supone un incremento de 40% real del gasto que el Estado realiza en materia de seguridad ciudadana y administración de justicia- busca acelerar una agenda que incluye acciones operativas y reformas legales, además del fortalecimiento de las capacidades de las policías -entre ellas, el aumento de la dotación de Carabineros y la PDI, equipamiento y material del transporte-, así como de las fiscalías, entre otras instituciones. Parte de estos anuncios se llevarán a cabo en “calles sin violencia”, el cual además supone otra serie de intervenciones, como la creación de áreas verdes, instalación de luminarias, fiscalización de armas, búsqueda de prófugos, entre otros.

Es una práctica habitual que todos los gobiernos sientan la necesidad de lanzar programas de combate al delito, pero por lo general estas iniciativas suelen estar alejadas del escrutinio ciudadano y la fiscalización parlamentaria, de modo que poco se sabe acerca de su efectividad, y razones de su continuidad o de su eventual cancelación. Pero ahora que el temor a la delincuencia y la sensación de inseguridad se han convertido en el tema más acuciante para la población -la intensa balacera que acaba de tener lugar en Calama, y que incluso obligó a la suspensión de clases, es un dramático recordatorio de ello-, no hay margen para la equivocación ni la lenidad, y por tanto estos planes, más allá de que estén correctamente orientados, deben asegurar su efectividad y el cumplimiento de metas.

En ese orden de cosas, se han observado algunas improvisaciones que son del todo inconvenientes. Desde luego, los criterios para elegir a las comunas beneficiadas no fueron del todo claros, y producto de la presión de alcaldes y parlamentarios su número se fue ampliando hasta llegar a las actuales 46. Ese antecedente lleva a preguntarse si todos los lugares elegidos cumplen con los requisitos establecidos para calificar como zona prioritaria. Asimismo, la autoridad debería ser capaz de entregar mayores detalles respecto de cómo pretende aumentar la dotación de funcionarios policiales en corto tiempo, o bien de qué forma reasignará los existentes para cumplir con los objetivos que se ha trazado. Fundamental para dar credibilidad a estos planes es que la autoridad fije metas y plazos concretos, de los cuales se pueda dar cuenta a lo menos cada seis meses ante el Congreso.

También es fundamental asegurar el correcto uso de los recursos públicos, considerando que los US$ 1.500 millones anunciados por el gobierno duplican el actual presupuesto de Carabineros. A fin de asegurar una plena transparencia y reducir el riesgo de cuestionamientos o discrecionalidades, lo conveniente sería que para estos efectos se creara una suerte de consejo transversal externo al gobierno y las policías, encargado de fiscalizar que estos cuantiosos gastos se ejecuten de acuerdo con los criterios establecidos.