Fiscalización de las corporaciones municipales

Los municipios han sido foco constante de denuncias por manejo irregular de fondos, siendo evidente que los mecanismos de fiscalización existentes parecen no ser suficientes para detectar tempranamente estos hechos. El Consejo de Defensa del Estado ya había alertado a principios de este año que el 52% de los municipios estaba siendo investigado por diversos delitos de corrupción, lo que sugiere que este flagelo podría estar más extendido de lo que se piensa.

Los casos de posible malversación de fondos, compras con licitaciones aparentemente arregladas u otro tipo de prácticas ilegales no solo se han producido en los municipios mismos, sino también han tocado a algunas corporaciones municipales, entidades de derecho privado que constituyen un medio a través del cual los municipios cumplen una serie de funciones valiosas para la comunidad, delegándolas en dichas corporaciones como una forma de agilizar la entrega de los servicios.

Estas entidades han vuelto a estar en la palestra a raíz del caso que afecta al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien está siendo objeto de una investigación administrativa y penal por la presunta desviación de cuantiosos fondos desde una de las corporaciones que funciona en dicha comuna hacia cuentas corrientes del exalcalde, quedando expuesta una compleja trama de intereses y manejos irregulares que la justicia deberá ahora esclarecer.

Las corporaciones municipales constituyen una figura que en más de una oportunidad han sido cuestionadas -un excontralor llegó incluso a decir que deberían “extinguirse”-, pues por su naturaleza jurídica la fiscalización por parte de la Contraloría se ha visto restringida, y puesto que el personal que presta labores en ellas no queda afecto a las regulaciones que rigen para el sector público, hay un amplio margen para aumentos discrecionales de la dotación o eventualmente para favorecer a cercanos.

El caso de Vitacura y de otras comunas ilustran la importancia de reforzar los mecanismos de control y fiscalización sobre estas corporaciones, como parte de una indispensable modernización de la institucionalidad municipal para evitar manejos irregulares. Por de pronto, es evidente que al recibir dichas corporaciones cuantiosos recursos públicos, ser objeto de donaciones privadas y poder llevar a cabo una serie de actividades comerciales, resulta un contrasentido que los sistemas de fiscalización no sean robustos. El estándar debería ser un control similar a los que rigen para las entidades del Estado, lo mismo que para efectos de concretar compras públicas y acceso a la información. En esto se han dado ya pasos, como un reciente dictamen de la Contraloría en que determinó que las corporaciones municipales, atendida su función y por el hecho de recibir recursos públicos, están afectas a un régimen especial de derecho público -por tanto sujetas a una serie de obligaciones-, pero parecería necesario que ello quedara reforzado mediante una reforma legal, que además abarque todas las dimensiones del caso.

Entre los aspectos que deben despejarse en el caso de Vitacura está el rol que desempeñó el directorio de la corporación aludida, en particular si fue diligente en el control de los recursos, sobre todo considerando que su quehacer no es objeto de una fiscalización exhaustiva de la Contraloría. Esto permite ilustrar la importancia que juegan los directorios en el manejo de cualquier institución, por lo que es necesario revisar si las normas actuales aseguran gobiernos corporativos robustos y con criterios de independencia.