Fracasada estrategia con infraestructura crítica

El duro revés que la semana pasada experimentó el gobierno luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados no aprobara el veto supresivo que envió el Ejecutivo respecto del proyecto de infraestructura crítica le ha abierto un complejo flanco al Ejecutivo.

La Moneda estaba contra el tiempo para efectos de lograr que se aprobara este proyecto -que permite el despliegue de militares para la custodia de infraestructura crítica, sin necesidad de recurrir a un estado de excepción constitucional-, para evitarse tener que pedir al Congreso una cuarta prórroga del estado de emergencia, el cual tiene vigencia hasta el 29 de julio. Debido a que el PC y otros parlamentarios del oficialismo tenían serios reparos con aprobar otra prórroga, el plan del Ejecutivo era recurrir a esta nueva facultad en la Macrozona Sur, evitando así continuar con el estado de emergencia.

Al no lograr la aprobación del veto, el proyecto de infraestructura crítica no podrá ser ley; ello motivó a que el gobierno se viera resignado a anunciar que solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de emergencia, pero solo donde ya está en aplicación -La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco-, no así en la Región de Los Ríos, donde gremios y parlamentarios de la zona lo han requerido ante el inquietante aumento en el número de atentados.

El traspié de La Moneda responde a un grueso error de cálculo, donde no solo se aprecia una inexplicable falta de perspectiva al buscar prescindir del estado de emergencia en zonas donde la violencia ha alcanzado niveles gravísimos, sino que además trasluce un fuerte déficit desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que no fue capaz de alinear a los parlamentarios en torno a esta maniobra, en particular a los de su propio sector, donde no concurrieron 16 votos oficialistas.

En cuanto a la oposición, a pesar de que en el Senado votó a favor del veto, en la Cámara se produjo una reacción más adversa, especialmente ante el afán del Ejecutivo de sustituir el estado de excepción por el de infraestructura crítica; si bien en dicho sector el gobierno no tiene mayor capacidad de incidencia, en cambio los votos que faltaron del oficialismo son de exclusiva responsabilidad de la Segpres. Parce evidente que este fracaso legislativo devela que la maniobra del gobierno no fue bien planificada, el trabajo prelegislativo fue pobre y con ello se autoinfligió una fuerte derrota política.

La Segpres ha enfrentado varios traspiés legislativos -uno de los más recientes fue el intento del Ejecutivo por aprobar un estado de excepción “intermedio”, donde legisladores del ala más dura de la izquierda no dieron sus votos para ello, obligando al gobierno a invocar el estado de emergencia-, en tanto que la falta de coordinación entre La Moneda y el Congreso ha sido motivo de constantes críticas por parte de los propios parlamentarios oficialistas.

Este episodio debería resultar aleccionador para el gobierno, no solo en cuanto al déficit que tiene para gestionar adecuadamente los votos de sus propias filas, pero sobre todo para dimensionar los riesgos que conlleva pretender eludir las responsabilidades que conlleva el ejercicio del poder, donde el control del orden público debe hacerse utilizando sin complejos todas las herramientas que provee el Estado de derecho, sin pretender buscar atajos.