Fuerte traspié de la Fiscalía en caso Fuente-Alba
Llama poderosamente la atención que en un caso de alta connotación la Fiscalía incurriera en gruesos errores, lo que abre la interrogante de cómo se asumen las responsabilidades cuando ocurren casos como estos.
El duro revés que experimentó el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en la acusación por lavado de activos formulada en contra del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, y su cónyuge -el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago juzgado desestimó los cargos en forma unánime- reviste ciertamente una situación muy comprometedora, sobre todo para el fiscal a cargo José Morales, en especial por los duros reparos que el tribunal formuló a la presentación de la prueba, en particular a la forma de llevar a cabo los peritajes al patrimonio de Fuente-Alba, lo que desde luego resulta fuertemente reprochable no solo porque es evidente que con tal nivel de desprolijidad se pone en tela de juicio la imagen y solvencia del Ministerio Público, sino que además se produce una natural desconfianza hacia el sistema judicial como un todo.
El excomandante en Jefe mantiene otra causa en la justicia militar por malversación de caudales públicos, por lo que su situación judicial todavía no ha concluido. Al margen de cómo se resuelva ese caso, llama poderosamente la atención que en la causa de lavado de activos, un caso ciertamente de mucha connotación pública -además de ventilarse cifras millonarias de gastos reservados que habrían sido desviados por Fuente-Alba era un hecho de máxima trascendencia despejar si en los años que desempeñó el mando cometió los graves ilícitos que se imputaban- y que por lo mismo exigía estar sólidamente fundamentada, ello no fuera así, más aún cuando la Fiscalía había solicitado una pena de 15 años.
La lectura del veredicto fue lapidaria en mostrar una serie de gruesos errores en el peritaje del patrimonio de Fuente-Alba, así como reprochar la falta de imparcialidad -además de una serie de errores- de quien fue uno de los peritos principales en esta causa, un funcionario de la PDI, por considerar que al haber participado en los peritajes en la causa ventilada en la justicia militar su aproximación al caso podría estar sesgada. Es así como el tribunal no pudo llegar a una convicción, sino a meras sospechas, y una vez que se conozca el fallo completo será posible apreciar en mayor detalle los aspectos que fueron cuestionados.
El Ministerio Público ha señalado que pedirá la nulidad del fallo, y si bien cabe esperar el resultado de dicho recurso, es un hecho que al haber sido un veredicto unánime el camino se pone cuesta arriba. Hay voces que ya comparan este caso con el bochorno ocurrido con el llamado “caso Bombas 1″, donde también en un juicio altamente mediático todos los inculpados terminaron siendo absueltos.
Por cierto cabe preguntarse cómo fue posible que a lo largo de la investigación la Fiscalía no fuera capaz de reparar en los problemas que adolecía el peritaje, y ya una vez perdido el juicio inevitablemente surge la pregunta de cómo se asumen las responsabilidades frente a lo sucedido. En casos como estos no solo se daña gravemente el prestigio de la institución, sino que además es tiempo y recursos que se han dilapidado, a lo que cabe agregar el desgaste que representa para las partes que son acusadas. Parece ser momento de abrir el debate acerca de cómo hacer efectivas las responsabilidades cuando los fiscales incurren en gruesas fallas, porque contraviene el sentido común que frente a un resultado así no se asuma costo alguno.
