Fuerzas Armadas en la frontera norte
Si bien ante la crisis que ha producido la migración ilegal es indispensable contar con su apoyo en el control de las fronteras, todavía parece haber aspectos que deben ser mejor clarificados, como el uso de la fuerza.
El gobierno ha desplegado a personal de las Fuerzas Armadas para apoyar a Carabineros en la misión de custodiar parte de la frontera norte del país, como una forma de hacer frente a la grave crisis migratoria que afecta sobre todo a esa zona, donde los ingresos ilegales han alcanzado niveles sin precedentes. La presencia de personal militar ha sido posible gracias a la reforma constitucional aprobada en enero de este año, relativa a la custodia de infraestructura crítica y resguardo de zonas fronterizas.
Pese a ser una medida ampliamente respaldada, el despliegue de tropas ha estado precedido de una serie de polémicas, en particular por las reglas de uso de la fuerza, que algunas voces consideran ponen limitaciones excesivas para el uso de armamento, o bien dejan una serie de circunstancias sin definiciones muy claras, lo que podría exponer a sanciones al personal militar.
Las labores de apoyo que se van a prestar -inicialmente previstas por un plazo de 90 días- se refieren básicamente a la realización de controles de identidad, registro y detenciones de personas que ingresen al país irregularmente o sean sorprendidos cometiendo delitos, para ser puestas a disposición de la policía. Para este tipo de funciones los militares han recibido capacitaciones por parte de Carabineros, lo cual hace suponer que cuentan con el entrenamiento necesario para enfrentar las situaciones más habituales que se podrían dar en un control fronterizo.
Con todo, y dado que esta es una tarea que no forma parte del rol central de las Fuerzas Armadas y ha sido encomendada por la sociedad civil, es obligación de la autoridad asegurar que, junto con el apego a la ley y respecto a las garantías fundamentales, también se vele por que el personal militar cuente con el debido respaldo y las certezas sobre todo en aquellas situaciones potencialmente complejas que las reglamentaciones parecen no abarcar. Puesto que el rol de control de orden público de las Fuerzas Armadas y uso de la fuerza fueron aspectos que generaron fuertes tensiones durante la tramitación parlamentaria de la norma, se acordó formar una mesa técnica que específicamente tratara este aspecto para aterrizarlo en un proyecto de ley específico. Es importante que si han quedado áreas grises éstas sean prontamente despejadas.
También es un hecho que desviar personal de las Fuerzas Armaras hacia roles que, aun cuando indispensables en el actual momento, no les son propios también reviste dificultades, porque dicho personal durante un tiempo dejará de entrenarse en labores propiamente militares, algo que ya fue advertido por el Comandante en Jefe del Ejército. Es relevante que este rol de apoyo sea entendido como algo temporal, y no se transforme en una labor permanente. La necesidad de contar con estamentos reforzados en la protección de las fronteras se ha hecho cada vez más evidente, y en ese sentido cabría o bien reforzar la presencia de Carabineros, o crear policías especiales de frontera. Es una materia que también se analizará en una mesa técnica, y sus definiciones deben sin duda agilizarse.
También es esencial que por el lado de la política exterior se avance en corregir lo anómalo que resulta el hecho de que Bolivia no admita reconducciones de personas que cruzan hacia Chile en forma ilegal, excepto que sean ciudadanos bolivianos. Esto supone un incentivo para el tráfico irregular de personas, lo que claramente agrava más el problema.
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