SEÑOR DIRECTOR
Desde mayo de 2018 se han presentado 10 acusaciones constitucionales, destinando más de 200 horas a su estudio. La última acusación fue la que se rechazó en contra del ministro de Educación, por hacer todos los esfuerzos para abrir los establecimientos en medio de esta pandemia que no solo ha afectado la salud, también el desarrollo de los aprendizajes y habilidades sociales de miles de estudiantes. Los efectos de largo plazo debido a la pandemia, en palabras de la Unesco, podrían generar “una catástrofe generacional”; por eso el llamado de este y otros organismos internacionales ha sido que la vuelta a clases debe ser una prioridad mundial.
Frente al llamado, el Mineduc rápidamente puso a disposición un protocolo de apertura, el cual tiene tres pilares fundamentales: voluntariedad para las familias, seguridad y gradualidad. Este plan ha permitido que más de 10.000 establecimientos estén abiertos.
Con esta información, es preocupante que se lleven a cabo acusaciones a una autoridad por hacer su trabajo, que, en este caso, es otorgar el derecho de educación, mejorando constantemente el sistema educativo.
En la última década se han realizado diferentes reformas en educación, como la desmunicipalización y la ley de inclusión escolar. Reformas que han apuntado a la administración del sistema y no a mejorar lo verdaderamente importante: la calidad. En ese sentido, abrir las escuelas es mejorar y dar un derecho real a la educación.
En definitiva, como es claro, rechazar esta acusación permite poner el foco en avanzar para mejorar la calidad del sistema educativo.
Macarena Bravo
Cientista política, Máster en Políticas Educativas
Vocera de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos
