Giro del gobierno en Ley de Seguridad del Estado

La decisión anunciada por el gobierno de invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en el caso de camioneros que protagonizaron un bloqueo parcial de carreteras supone un giro en la política que hasta ahora venía siguiendo la actual administración, que había sido totalmente contraria a la invocación de esta norma.

Los hechos se desencadenaron luego de que en distintos puntos del país los camioneros se movilizaran en demandas por mayor seguridad en las carreteras, en particular a raíz de los constantes ataques de que están siendo objeto en la llamada Macrozona Sur, donde recientemente un chofer fue emboscado por encapuchados, resultando con heridas de extrema gravedad. El gobierno había establecido el martes un plazo perentorio para que la movilización se depusiera, y dado que hubo algunos conductores que no acataron, se procedió a presentar las respectivas querellas.

Sin perjuicio de que los reclamos de los camioneros son plenamente justificados y es un hecho que la autoridad ha fallado manifiestamente en poder brindar seguridad y asegurar el estado de derecho, en democracia es fundamental que el derecho a manifestación se ejerza dentro de los marcos que establece la ley. El bloqueo de carreteras supone una medida de presión que golpea indiscriminadamente a toda la población, poniendo en riesgo actividades esenciales. La acción judicial anunciada por el gobierno se enmarca entonces dentro de un ejercicio legítimo de sus atribuciones, ante lo cual cabe esperar que se trate de un cambio definitivo de actitud, tal que la autoridad ejerza sus atribuciones y haga cumplir la ley cada vez que el caso así lo requiera, sin ningún tipo de discriminación.

Es evidente que la decisión que ha adoptado el Presidente de invocar la Ley de Seguridad del Estado le ha valido críticas ante lo que aparece como un doble estándar, precisamente porque en los gravísimos casos de violencia que han tenido lugar en La Araucanía dicha norma no ha sido invocada. También es un hecho que la primera medida que adoptó el gobierno apenas asumido fue retirar las 139 querellas por LSE a quienes están procesados por delitos cometidos en el marco del estallido social. El Mandatario explicó que en el caso del bloqueo de carreteras la invocación de esta norma se justifica porque como Jefe de Estado no puede permitir que se prohíba el libre tránsito a la ciudadanía; en cambio, dijo, el caso de La Araucanía es de naturaleza distinta, porque responde a un conflicto histórico que excede el momento actual.

Si en definitiva el gobierno ha querido demostrar con las querellas a los camioneros que su decisión es hacer imperar el estado de derecho, a partir de ahora lo que cabe esperar es que la LSE y cualquier otra herramienta que provea la ley debe aplicarse sin distingos ideológicos o discrecionales. Los casos de violencia, vandalismo o amedrentamiento a la población se han multiplicado peligrosamente en distintos puntos del país -solo en estos días se han registrado violentas escenas de encapuchados destrozando liceos emblemáticos, grupos protagonizando saqueos, así como una seguidilla de atentados en La Araucanía-, y ante ello solo cabe esperar un único criterio.