Giro en postura de la directora del INDH

Amplias repercusiones han tenido los dichos de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, quien en una entrevista con Tolerancia Cero aseguró que, en el marco del estallido social “no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado. Pero sí creo que fue generalizada”.

Sus afirmaciones tienen profundas implicancias, desde luego porque diversos sectores se han apoyado en la tesis de la sistematicidad para argumentar que en los hechos de 2019 y su etapa posterior hubo delitos de lesa humanidad. La violación sistemática de derechos humanos fue de hecho una de las causales esgrimidas en la fallida acusación constitucional en contra del expresidente Sebastián Piñera, y tal como han apuntado algunos juristas, al no estar presente esa condición tampoco se podría configurar un delito de lesa humanidad.

Pero los dichos de Contreras han sorprendido aún más considerando que ella misma impulsaba el predicamento de la sistematicidad, tal como quedó plasmado en un documento de julio de 2022, donde junto con otros consejeros del INDH solicitaba la renuncia al entonces director del organismo, Sergio Micco -quien incluso en los días más álgidos de la convulsión social no validó la tesis de violaciones sistemáticas de los DD.HH., aunque sí su carácter de masivas, postura que le trajo enormes repercusiones-, entre otras razones argumentando que “el INDH ha dejado de cumplir su mandato legal y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. Esta presión devino en que Micco se viera en la necesidad de renunciar, a pesar de que un informe del propio INDH que abarca entre octubre y noviembre de 2019 no menciona en sus conclusiones la existencia de violaciones sistemáticas de los DD.HH.

Resulta evidente que en la postura de la directora del INDH hay un giro, el cual resulta interesante porque ayuda a brindar claridad en una materia que ha sido altamente controvertida, pues es un hecho que si bien en el marco del estallido hubo situaciones de particular gravedad por parte de fuerzas de seguridad -hoy bajo investigación penal-, un cuadro distinto es asumir que hubo una política dirigida y coordinada desde el Estado para violar los DD.HH., lo cual no ha logrado ser demostrado.

Pero un cambio de postura así exige también mayor fundamentación por parte de la directora, brindando las razones que la hicieron cambiar de parecer; de lo contrario, podría dejar la impresión de que fue una opinión emitida al pasar, o que podría responder a un intento para no exacerbar más los ánimos de algunos parlamentarios, que han activado mecanismos para destituir a los consejeros que aprobaron una polémica querella por tráfico de influencia, acusando maniobras políticas detrás de ello. Asumir con convicción una postura diferente también debería implicar que expresara disculpas respecto de la situación que vivió Micco, o el expresidente Piñera.

Sería también muy importante conocer la opinión de los restantes consejeros del INDH en relación a los dichos de su directora; la relevancia de estos planteamientos y sus implicancias exigiría una definición institucional.