Grave actuación del Juzgado de Garantía de Arica

Era evidente que la inconcebible decisión de un juez del Juzgado de Garantía de Arica de ordenar que la identidad de 57 testigos protegidos, agentes encubiertos y víctimas protegidas fuera entregada a las defensas del Clan Los Gallegos, brazo armado en dicha zona del peligroso Tren de Aragua -todo ello en el marco de un proceso que la Fiscalía abrió contra integrantes de dicho clan- conllevaría gravísimas implicancias.

Desde luego, la forma en que se tomó la decisión colocó en inminente peligro la vida de los testigos, los agentes y de sus familiares, considerando que se trata de grupos reconocidos por practicar torturas y despiadados asesinatos, pero también tiene el potencial de erosionar la confiabilidad en el sistema judicial, pues resulta evidente que las personas se podrían sentir inhibidas de participar como testigos en causas de alto riesgo, lo que por supuesto sería un golpe muy serio a la eficacia para desbaratar a estas bandas y lograr condenas. Lo mismo ocurre con quienes realizan la arriesgada y fundamental tarea de ser agentes encubiertos, donde mantener en secreto su identidad resulta fundamental para estos fines.

Si bien apenas conocida la decisión del juez el Ministerio Público actuó rápidamente y presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica -igual camino siguió el Ministerio del Interior, querellante en el caso-, la cual lo acogió y dictó una orden de no innovar, el daño ya está hecho. Por razones de seguridad la Fiscalía tuvo que reubicar a los testigos, agentes y familiares, lo cual desde luego supone un importante gasto con cargo a recursos públicos, existiendo el riesgo que algunos de ellos ahora prefieran no atestiguar. Y aunque la Defensoría Pública -a cargo de la defensa de los inculpados- ha señalado que la carpeta con los nombres no fue entregada a sus representados, es inevitable que se haya creado un inconveniente clima de suspicacia y desconfianza.

La Corte de Apelaciones de Arica abrió una investigación administrativa sobre el proceder de este juez, lo cual es un paso acertado y que ante todo debe despejar las motivaciones de dicho actuar; es decir, si estamos en presencia de alguien que careció del criterio más elemental, o si cuyo actuar fue motivado bajo presión o amenaza u otro tipo de razones. La amenaza a jueces y fiscales por parte del crimen organizado ya es una realidad en nuestro país -de hecho, un grupo de magistrados del Séptimo Juzgado de Garantía se encuentran con medidas especiales precisamente por amenazas del Tren de Aragua-; de ahí que es fundamental aclarar si éste pudo haber sido el caso o si se trata de otro tipo de situaciones.

Cualquiera sea el resultado de esta investigación, es un hecho que con esta actuación el juez de garantía falló ante su primer deber, que es garantizar la integridad de los testigos protegidos y los agentes, subordinando este fin a otros criterios como impedir que interviniera el fiscal que llevaba la causa, por el hecho de que éste lo iba a hacer vía remota, precisamente por razones de seguridad y sobre todo cuando estaba autorizado para ello por el comité de jueces de dicho tribunal. El juez tampoco podía pasar por alto que tratándose de un brazo del Tren de Aragua había razones poderosas para mantener en reserva la identidad de los testigos.

Frente a lo sucedido, es necesario adoptar las medidas del caso para impedir que actuaciones de este tipo sigan ocurriendo. En abril de este año una jueza de garantía del tribunal de Temuco también ordenó imprudentemente revelar la identidad de testigos protegidos en un caso contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, lo que también debió ser revertido mediante recursos ante las cortes superiores. Los testigos protegidos constituyen efectivamente una figura muy excepcional -en los últimos 16 meses algo más de 100 personas han oficiado como tal-, utilizados para investigaciones muy delicadas, como aquellas referidas a conductas terroristas o a la ley de drogas. Dañar dicha institucionalidad producto de actuaciones poco criteriosas o eventualmente por sesgos que puedan tener los jueces es algo que debe ser evitado a toda costa.

De allí que haya sido acertado que el gobierno, utilizando sus facultades constitucionales en cuanto a velar por la conducta ministerial de los jueces, haya enviado los antecedentes del caso a la Corte Suprema. No cabe hablar por lo tanto de una “intromisión a la independencia de jueces y juezas”, como ha denunciado la Asociación de Magistrados, sino de un actuar responsable que busca hacer presente la gravedad de lo sucedido, y dejar en manos del propio Poder Judicial la adopción de eventuales sanciones. Lo menos que cabe aquí son las reacciones corporativas por parte de los propios jueces, quienes deberían ser los primeros en reaccionar frente a hechos como estos.

El crimen organizado se ha vuelto una de las principales amenazas que hoy enfrenta nuestro país -la experiencia que se observa en otros países, sobre todo en nuestra región, muestra que cuando dicho flagelo no logra ser controlado a tiempo todo el sistema institucional se pone en riesgo. Por ello es indispensable que las autoridades aseguren que su combate por las vías judicial y policial cuente con todas las garantías para ello.