Grave revés de la Fiscalía en “caso Pío Nono”

La contundente resolución del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el cual absolvió de manera unánime al excarabinero Sebastián Zamora de la acusación por delito frustrado de homicidio que le imputaba la Fiscalía -ello a raíz de la caída de un adolescente desde el Puente Pío Nono, en el marco de un operativo realizado por la policía uniformada, hecho ocurrido en octubre de 2020-, representa un serio revés para el Ministerio Público, que durante todo este tiempo se empecinó en llevar adelante una acusación sostenida sobre bases débiles, pues de la lectura del veredicto salta a la vista una manifiesta deficiencia probatoria.

El tribunal hizo presente que en los alegatos finales la Fiscalía se refirió a “colisión”, “acometer”, “maniobra”, “arremeter”, “posicionar las manos sobre la víctima” y a propósito de ello caer, dando cuenta de una multiplicidad de versiones que no lograron probar la acusación que la propia Fiscalía y los demás querellantes sostenían. En el veredicto se da cuenta asimismo de las contradictorias versiones de los testigos, y la ausencia de otra testigo que inicialmente fue clave para dar pie a la acusación del excarabinero, al asegurar que el adolescente fue tomado de los pies y lanzado deliberadamente por Zamora, lo que nunca se pudo probar.

El llamado “caso Pío Nono” obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que le cabe a la Fiscalía por este fiasco, desde luego no solo por las obvias implicancias que ello conlleva para el propio Ministerio Público y su reputación, ahora gravemente dañada. En particular, las miradas se han volcado hacia la fiscal Ximena Chong, quien lideró este caso, a quien sectores de oposición acusan de una constante actitud sesgada hacia Carabineros. Más allá de si tales sesgos son reales o no, lo cierto es que resulta especialmente reprochable que se sostuviera una acusación como el homicidio frustrado sin pruebas contundentes, por lo visto no apreciando con igual celo las circunstancias que podrían haber atenuado -o eliminado- la responsabilidad penal de Zamora mucho antes, pudiendo haber recalificado la acusación o no haber perseverado en ella, simplemente atendiendo a los antecedentes objetivos que se iban acumulando en el proceso.

Cuando menos el Ministerio Público debe dar una explicación al país de por qué se insistió en una acusación sin bases, dilapidando innecesariamente tiempo y recursos, pero además afectando gravemente la reputación del acusado, quien debió pugnar varios meses de prisión preventiva, además de otras medidas cautelares. Es evidente que cuando ocurren fiascos como estos, aun cuando no sean la regla, es pertinente interrogarse de quién asume la responsabilidad por todo ello. Como ya se ha indicado en estas mismas páginas, y a propósito de otros recientes fracasos de la Fiscalía -como fue el caso Fuente-Alba, donde el tribunal cuestionó severamente las pruebas rendidas por el órgano persecutor-, contraviene el sentido común que, ante fallas así, en la práctica no se asuma costo alguno, sin perjuicio de que los fiscales pueden ser objeto de responsabilidad penal, civil y administrativa.

Las graves descalificaciones de las que fue objeto Zamora y la institución de Carabineros, especialmente por figuras que hoy ocupan cargos de gobierno, también debe hacer reflexionar sobre la responsabilidad de los actores políticos. Garantías como la presunción de inocencia fueron destruidas, y ni siquiera existió la prudencia de esperar que la investigación judicial avanzara antes de lanzar juicios tan categóricos. Escudarse en el “contexto” del llamado estallido social no resulta pertinente, por lo que también ayudaría a cerrar este lamentable episodio el que dichos actores hicieran su propio mea culpa.