Graves amenazas a la oposición venezolana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela fijó para el 6 de diciembre la realización de las elecciones parlamentarias, lo que es exhibido por el gobierno de Nicolás Maduro como prueba de una democracia vibrante y plenamente apegada a las formas institucionales. Pero en los hechos la realidad es muy distinta, pues existe una alta probabilidad de que todo el proceso se encamine hacia un fraude electoral a gran escala, con lo cual el régimen terminaría copando todos los espacios de poder. La Asamblea Nacional es el único ente que sigue en manos de la oposición y que ha logrado servir como bastión de resistencia, pero si ésta cae en manos del chavismo, la posibilidad de que la crisis venezolana logre una salida por cauces institucionales y pacíficos se ve cada vez más lejana.

En los últimos meses el gobierno ha llevado a cabo una serie de maniobras con el objetivo de debilitar al máximo a la oposición y facilitar el manejo de las elecciones a su amaino. El Tribunal Supremo de Justicia -que no es más que un apéndice del régimen- designó recientemente a los cinco miembros del CNE, tres de los cuales son abiertos partidarios del régimen. Dicha nominación ya es irregular, pues tal designación es facultad que conforme la Constitución recae en la Asamblea Nacional. El Grupo de Lima señaló que se trata de un proceso ilegal, que “socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral”, en tanto que el Grupo de Contacto -compuesto por países europeos y algunos de América Latina para mediar en esta crisis- también lamentó estas designaciones.

Pero un hecho que probablemente resulta aún más grave es la decisión del Tribunal Supremo de descabezar a tres de los principales partidos de oposición -Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, a este último pertenece Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional y reconocido por varias naciones como presidente encargado del país- y nombrar en sus dirigencias a partidarios del gobierno. El máximo tribunal invocó como causal el que las actuales dirigencias no habían observado sus propios estatutos, pero parece evidente que ello no es más que un pretexto para bloquear la acción de dichos partidos e introducir más fricciones dentro de una oposición que ahora está dividida si participar o no en estos comicios, por el riesgo de validar un fraude.

Maduro logró reelegirse en comicios que no fueron reconocidos por la comunidad internacional, consiguió instalar una instancia constituyente paralela a la Asamblea Nacional y ahora podría asestar un golpe final al Poder Legislativo. Con ello se va haciendo cada vez más improbable que el pueblo venezolano pueda celebrar elecciones libres e independientes, un condición que se ha estimado esencial para que el país encuentre una salida pacífica a sus conflictos. Este atropello institucional ocurre cuando Estados Unidos ha mostrado disposición para impulsar una transición pacífica y democrática en Venezuela.

Se hace indispensable una señal clarificadora de la comunidad internacional para impedir que se consagre el ansia del poder total. Un agravamiento de la crisis política y social en Venezuela podría llegar a ser catastrófico, considerando la grave crisis económica y humanitaria que ya afecta al país.