Graves desprolijidades en pensiones de gracia

Las conclusiones que arrojó la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al otorgamiento de pensiones de gracia en el marco del llamado estallido social han sido elocuentes en cuanto a las graves desprolijidades que han rodeado este proceso, lo cual cuestiona profundamente la legalidad que ha rodeado la entrega de estos beneficios.

En el breve período que abarcó la investigación del ente contralor -enero de 2022 y marzo de ese año- se pudo acreditar que 58 pensionados tienen condenas, algunos por hechos tan graves como homicidio, material pornográfico infantil y abuso sexual. También se constató que no hubo un proceso que comprobara los antecedentes médicos -19 de los postulantes ni siquiera entregaron un acta que acreditara su lesión-, o bien los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico o con antecedentes contradictorios.

La polémica en torno al otorgamiento de estas pensiones había comenzado a escalar luego de que se conociera que una serie de beneficiarios contaban con antecedentes penales al momento de recibir la pensión, los que daban cuenta de una nutrida trayectoria delictual, cuestionando la pertinencia de que recibieran una pensión vitalicia con cargo al Estado. El gobierno se comprometió a revocar las pensiones en aquellos casos en que hubiese antecedentes comprometedores, pero luego ha ido matizando su criterio, estableciendo que si se acredita daño permanente producto de la acción de funcionarios del Estado, el beneficio igualmente se mantendrá.

Tras el informe de Contraloría tanto el gobierno como el Instituto Nacional de Derechos Humanos han sido objeto de cuestionamientos por la liviandad ya sea para acreditar el menoscabo en las capacidades laborales de las víctimas o bien por la manifiesta falta de acuciosidad para conceder el beneficio. Las débiles explicaciones que se han entregado para justificar dichas conductas no hacen más que confirmar el cúmulo de irregularidades que ha rodeado este proceso, lo que cuando menos exigiría una indagación completa de las 419 pensiones otorgadas en el marco del estallido, considerando la enorme cantidad de recursos públicos que se han visto comprometidos y cuando hasta la fecha ni siquiera ha sido posible dar con un número definitivo de personas que cuentan con antecedentes penales. Inicialmente el gobierno habló de 40, el Presidente mencionó 50, la Contraloría acreditó 58, pero el Ministerio del Interior ahora reconoce que son 69.

Todo este episodio también debe resultar suficientemente aleccionador sobre los criterios para acreditar víctimas de violaciones a los derechos humanos. Aunque sobre todo sectores de la izquierda más radical desplegaron una intensa campaña para defender a la “primera línea” y reivindicar la violencia política como modo legítimo de protesta, ahora está quedando claro que lejos de tratarse de “jóvenes idealistas” o “luchadores sociales”, en muchos casos se trataba de acciones puramente delincuenciales, de las que ahora se intenta tomar distancia.