Graves falencias en seguridad pública
El asalto al aeropuerto dejó en evidencia el déficit de seguridad que aún presenta una instalación estratégica para el país, que debiera contar con los más altos estándares de protección.
El miércoles pasado, el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago sufrió una grave vulneración a su seguridad cuando 12 delincuentes intentaron robar una cifra superior a los 32 millones de dólares, que había sido transportada desde Miami, lo que finalmente fue frustrado por la acción del personal de seguridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), uno de cuyos funcionarios resultó asesinado. Un hecho que trae a la memoria lo ocurrido en el terminal aéreo en 2006, cuando fueron robados 922 millones de pesos; en 2014 cuando se sustrajeron 6.000 millones de pesos, de los cuales solo se recuperó un 10%, aunque todos los asaltantes fueron detenidos, y en 2020 cuando se sustrajeron más de 12.000 millones de pesos en el llamado robo del siglo.
Sin perjuicio de que con los años se hayan ido tomando medidas para reforzar la seguridad de la instalación aérea -lo que en parte impidió que los delincuentes lograrán en esta ocasión su objetivo -, el hecho es que el recinto sigue siendo un blanco muy atractivo para delincuentes cada vez más avezados, que muestran un alto grado de planificación y operan fuertemente armados. Y lo sucedido con el grupo que la semana pasada fue capaz de ingresar a la losa del principal aeropuerto del país, vulnerando su cierre perimetral y accediendo a la zona de descarga de valores con un alto grado de audacia y usando sin dudarlo sus armas de fuego, demostró que aún falta mucho por avanzar en términos de seguridad.
Para anticiparse a la acción delictual en un recinto como el del terminal aéreo es indispensable disponer de los medios tecnológicos y de los recursos para reforzar el perímetro de seguridad de las instalaciones y el control de los vehículos que se desplazan por la zona, puntos en los que aún se deben avanzar. Si bien hasta ahora los delincuentes han ido tras cargamentos de valores, lo temeraria de las acciones ponen en peligro tanto la seguridad de los vuelos y sus pasajeros como la de millones de personas que transitan anualmente por las instalaciones del aeropuerto. Sin contar con el efecto en la imagen país que tienen actos de este tipo cometidos a la luz del día en el principal punto de entrada al territorio nacional.
Los aeropuertos son recintos que por su naturaleza deben proveer un estándar muy exigente de seguridad, donde el público pueda transitar y embarcar con total confianza y la integridad de las aeronaves esté protegida. La autoridad debe velar por ello y dar garantías a todos quienes hacen uso de esas instalaciones de que pueden hacerlo en un ambiente protegido. Como señaló el subsecretario de Prevención del Delito, “tenemos que tener la capacidad como país de, en todo momento, reforzar los procedimientos existentes”. Un reto que, además, demanda urgencia, considerando que en esta ocasión las fallas terminaron con la muerte de un funcionario de la DGAC.
Como apuntaba la misma autoridad, “la seguridad es una materia que está en constante y permanente evaluación, y ni lo público ni lo privado puede escatimar en gastos para garantizar la protección de las personas, como también de los entornos”. Un hecho que debiera ser considerado para avanzar en la protección de las instalaciones aeroportuarios, pero también en relación a la recuperación de todos los espacios públicos que la delincuencia ha coartado y amenaza, en especial en aquellos en que la afluencia de público es importante, como los centros comerciales. Cada vez más la confianza se ve mermada por el temor de una ciudadanía que requiere volver a la normalidad y no ver afectada sus actividades y desplazamiento.
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