Graves fallas en servicio de “Mejor Niñez”

Cuando en abril de 2016 se produjo la trágica muerte de la menor Lissette Villa, en un Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), dependiente del entonces Sename -fallecimiento que fue producto del graves apremios por parte de exfuncionarias- se generó una enorme conmoción a nivel nacional, lo que fue decisivo para tomar la decisión de terminar con el Sename y dar lugar a nueva institucionalidad a cargo de menores vulnerados y aquellos infractores de la ley.

Los antecedentes que pesaban sobre el Sename daban cuenta de que desde su creación el Estado había incurrido en una serie de vulneraciones, que fueron denunciadas por el Congreso o bien en informes internacionales. Un reporte de la PDI, que data de 2018, daba cuenta de que, luego del análisis de casi la totalidad de las residencias, en el 100% de ellas se constataron vulneraciones. Una parte importante provenía de los propios trabajadores de los recintos; también se pudo detectar que en el 50% de los recintos hubo denuncias por abusos sexuales.

Sin duda esta realidad no podía continuar, y de allí que la creación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, o “Mejor Niñez” se consideró en su momento como un paso significativo para dejar atrás un modelo que claramente no lograba cumplir con su misión.

Un reportaje publicado por este medio dio cuenta de que tras más de tres años de operación del nuevo servicio, siguen presentándose graves fallas que previsiblemente están sugiriendo que las promesas de cambio no han sido tales y que muchos menores siguen siendo vulnerados en sus derechos. Entre los problemas que se han detectado se cuenta el cierre de numerosas residencias de cuidados alternativos, en tanto que la mitad de las que siguen en pie operan con sobrecupos, alejándose completamente de uno de los objetivos de la reforma, donde estas residencias estaban pensadas como espacios familiares y más reducidos para una atención personalizada de los menores.

Esto también ha llevado a que en dichas residencias se tengan que mezclar adolescentes con niños, generándose además situaciones de alto riesgo para los menores y el personal cuando llegan adolescentes descompensados en su salud mental o con comportamientos violentos. A ello se suma la falta de personal especializado para poder tratar estos casos, entre varios otros problemas.

Todo está indicando que el diseño del nuevo servicio no fue capaz de prever adecuadamente la demanda que se requeriría atender así como los mayores requerimientos presupuestarios. Se trata de una situación intolerable, que requeriría de acciones urgentes para buscar su corrección, no solo ante la flagrante vulneración de derechos consagrados en la ley y en tratados internacionales, sino porque son miles de niños y adolescentes cuyo futuro está en evidente riesgo. La indolencia que por tantos años caracterizó al Estado en materia de protección a la infancia y la adolescencia sigue por lo visto presente, pese a que en el último tiempo se ha creado toda una institucionalidad supuestamente destinada a resguardarla.

Esta crisis nuevamente desnuda las incapacidades del aparataje estatal y su grave falla en gestión para resolver los problemas del país.