Graves incidentes en cárcel de máxima seguridad

Los graves incidentes que tuvieron lugar en junio en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad -antes conocido como Cárcel de Máxima Seguridad-, en donde reos de muy alta peligrosidad protagonizaron una serie de destrozos y dejaron heridos o lesionados a varios gendarmes, han vuelto a poner de relieve los riesgos que representa el crimen organizado al interior de las cárceles y la necesidad de evaluar seriamente la alternativa de contar con más recintos penales de esta naturaleza.

Los incidentes ocurrieron por hechos aparentemente sin mayor significancia, como fue un corte de luz a raíz de las lluvias que molestó a algunos de los internos, pero que rápidamente derivó en una situación que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Entre quienes protagonizaron estos desórdenes figuran cabecillas del Tren de Aragua, Los Gallegos y Los Pulpos, además de reos acusados del asesinato de carabineros. La decidida acción del personal de Gendarmería permitió controlar la situación, donde las imágenes de las cámaras de seguridad dan cuenta de la violencia con que respondieron los reos, algunos de los cuales continuaron causando destrozos en los días venideros. Esto ha motivado que se hayan debido implementar medidas adicionales como el engrillar de manos y pies a los que insistan en el mal comportamiento, además de una querella por Ley de Seguridad del Estado.

Estos hechos obligan a revisar las medidas de seguridad dispuesta al interior de estos recintos, tanto porque los reclusos pudieron destruir una mesa de ping pong y utilizar sus restos como armas, pero además porque al parecer tampoco encontraron mayor dificultad para destruir parte de las instalaciones, destrozos que fueron avaluados en casi $200 millones. Si bien este recinto penal ha logrado cumplir con su cometido -ser un recinto de máxima seguridad que custodia a reos de extrema peligrosidad-, tal parece que determinados materiales de construcción no son los adecuados para establecimientos de este tipo, y en la zona de los patios se advirtieron potenciales vulnerabilidades.

Pero al margen de estas consideraciones, el asunto más de fondo es si atendida la preocupante masificación del crimen organizado en el país, así como la existencia de cientos de bandas al interior de las cárceles -lo cual desde ya supone un riesgo adicional para el personal de Gendarmería- basta con un solo recinto de estas características. Esta cárcel especial es una de las pocas en el país que no presenta hacinamiento, pero todo indica que aun así parece razonable contar a lo menos con otro establecimiento que permita albergar a este tipo de población penal, ya sea para contar con más alternativas de traslado cuando esté en riesgo la seguridad, o bien para concentrarla toda en un solo lugar -al menos a sus cabecillas-, facilitando la vigilancia. Su peligrosidad es evidente, pues han mostrado capacidad para seguir operando desde las cárceles, y ya se han detectado varios casos en que han logrado establecer redes de corrupción, como acaba de quedar al descubierto con la detención de varios gendarmes que habían montado una red para traficar armas, drogas y otras especies desde recintos penitenciarios -uno de cuyos ejes estaba en la cárcel de La Serena-, dejando al descubierto lo que parece una estrecha relación con este tipo de organizaciones, o directamente operando bajo sus instrucciones.

Todo esto refuerza la noción de que estos internos requieren el máximo de vigilancia, su contacto con el exterior debe ser extremadamente controlado y deberían tener el mínimo de contacto con otros reclusos que potencialmente puedan ser reclutados como “soldados”, lo que además debe venir acompañado con mayor personal de Gendarmería entrenado para esta peligrosa custodia.