Graves irregularidades en la cárcel de Angol

A raíz del secuestro de tres funcionarios de Gendarmería en el módulo F de la cárcel de Angol, unidad que alberga a presos mapuches, se llevaron a cabo una serie de indagatorias que permitieron incautar elementos no permitidos como chicha artesanal, cuchillos, y celulares. En las inspecciones también fue posible hallar un “sillón sexual”, en tanto que semanas antes ya se había encontrado una piscina estructural que los internos tenían para uso de sus visitas, tal como dio cuenta una nota de este medio.

Estos hechos abiertamente irregulares han dejado a la vista una serie de privilegios indebidos cuando no escandalosos en dicho módulo. Fueron los propios funcionarios de Gendarmería quienes han denunciado estos hechos, haciendo ver que los internos pueden ingresar, por ejemplo, corderos para ser faenados, o piezas completas de vacunos para hacer asados. Todavía más grave es que los internos puedan prorrogar su horario de encierro a partir de las 21 horas, o que sus visitas no sean objeto de inspección. Incluso algunos funcionarios denunciaron que para poder hacer ingreso al módulo debían contar con la autorización de los reclusos.

Claramente este tipo de situaciones da cuenta de que en la cárcel de Angol se ha creado un espacio que funciona al margen de la ley, a cuyos internos se les han permitido beneficios de los que no goza el resto de la población penal. Se trata de una abierta distorsión respecto de las condiciones especiales que la propia ley y el reglamento de Gendarmería contemplan para el caso de los pueblos originarios. Dicha reglamentación dictada al amparo de normas constitucionales, así como de convenios internacionales que ha suscrito Chile, permite que los reclusos indígenas puedan mantener ciertas tradiciones, como medicina ancestral, vestimentas o ritos religiosos. Pero también se llegó al punto de que en 2020 se determinó mediante una resolución exenta que la huelga de hambre no daría pie a sanciones en tanto se lleve a cabo en términos pacíficos, lo que recientemente fue dejado sin efecto.

Resulta evidente que este régimen especial ha servido como pretexto para escudar situaciones de privilegios como las que han quedado expuestas, en total impunidad. El Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de aclarar cómo fue posible que situaciones de esta naturaleza se pudieran incubar durante tanto tiempo, sin que nadie alertara de ello o tomara medidas al respecto.

El gobierno debe abandonar el arraigado predicamento de tratar con estándares distintos a reclusos por el solo hecho de pertenecer a una etnia determinada. Estos deben cumplir las penas bajo las mismas condiciones que el resto de la población penal, sin perjuicio de las excepciones que la propia ley consagra. Lo contrario no solo genera discriminaciones injustificadas, sino que además transmiten la sensación de que la justicia no es igual para todos. Privilegios indebidos en algunas cárceles militares, o “celdas VIP” de narcotraficantes, han generado anteriormente la comprensible indignación ciudadana, y el caso de Angol debe ser tratado bajo los mismos criterios. Este recinto ya ha sido objeto de situaciones muy irregulares, como el acuerdo suscrito bajo presión entre el director regional de Gendarmería y el líder de una comunidad indígena para el traslado de comuneros en huelga de hambre, lo que fue repudiado por los gendarmes.

En una región como La Araucanía, donde el Estado de Derecho está en franco retroceso, hechos como estos no hacen sino amplificar la sensación de desamparo e inacción de las instituciones.