Graves resultados de informe sobre terrorismo en Chile

La última versión del Índice Global de Terrorismo que realiza anualmente el Instituto de Economía y Paz (IEP), un centro de investigación internacional autónomo creado en 2007, entregó un resultado preocupante sobre la situación de Chile. Según el informe, el país subió casi 30 puestos en un año, pasando del lugar 47 al 18, en el ranking de países con mayores niveles de terrorismo. En América Latina solo es superado por Colombia, que se ubica cuatro puestos más arriba, lo que da cuenta de la gravedad del resultado. Colombia vivió durante más de 50 años un conflicto interno que solo comenzó a superar parcialmente a fines de la década pasada tras la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno. Un conflicto que, además, derivó en una peligrosa normalización de la violencia en algunos sectores de la sociedad.

A la luz de la experiencia colombiana, que Chile se ubique como el segundo país de la región en términos de actividad terrorista es doblemente preocupante. Más aún, considerando que no se trata de un trabajo arbitrario sino de una investigación validada internacionalmente que estudia a 163 países y calcula un puntaje sobre la base de una serie de factores, como el número de incidentes, muertes, lesiones y rehenes, sumados a datos socioeconómicos y de conflictividad social. De acuerdo con ello, Chile fue el segundo país de Latinoamérica en registrar una mayor alza de puntaje después de Perú, aunque este último se ubicó en el lugar 37 del ranking. El trabajo identificó a 362 ataques terroristas en 2021, la mitad de los cuales, según señala el informe “se atribuyeron a extremistas indígenas mapuches”. Y en la última década, cifró en 831 los atentados.

El estudio define terrorismo como “la sistemática amenaza o el uso de la violencia para comunicar un mensaje político, religioso o ideológico, generando miedo y alterando el comportamiento normal de un amplio grupo de la población”. Un fenómeno que se ha venido agravando en los últimos años en el país y que, como da cuenta el estudio, ya está afectando la imagen internacional de Chile. Las fallidas estrategias para abordarlo y los intentos por desvirtuar el carácter terrorista de las acciones en la zona solo terminaron favoreciendo que la violencia siguiera escalando. En ese sentido son importantes las señales dadas en los últimos meses, como la declaración de estado de emergencia en la zona -cuya décima prórroga se autorizó este martes- que dio cuenta de una acción concreta y decidida para hacer frente a la situación.

El aumento de la violencia terrorista será, sin duda, uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la futura administración, la que hasta ahora no ha dado señales claras sobre el camino que seguirá. El desgastante efecto que el terrorismo está teniendo en la Macrozona sur hace aún más imperativo una mayor claridad sobre ese punto, y si bien las futuras autoridades han insistido en oponerse al estado de excepción, es positivo que en los últimos días la futura ministra del Interior haya mostrado una posición más flexible, asegurando que “nada está escrito en piedra”.