Impacto en la economía de la delincuencia y homicidios
La evidencia que proporcionan estudios del FMI y el BID para la región y Chile sobre los enormes costos que representan estos flagelos ilustran la importancia de que su combate constituya una prioridad de las políticas públicas.
Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han proporcionado nueva evidencia que cuantifica el costo que la delincuencia y los homicidios representan para América Latina, observándose un impacto significativo en crecimiento así como en recursos que deben destinarse a su combate.
La realidad que vive la región en materia de homicidios resulta particularmente alarmante, porque concentra un tercio de los asesinatos registrados a nivel mundial, destacando los casos de Brasil, México y Colombia, que representan el 70% de los crímenes en toda la región. El FMI alerta que un aumento del 10% en los homicidios puede reducir la actividad económica en torno al 4%, de modo que si se lograra el objetivo de reducir a la mitad las tasas de homicidios, potencialmente se podrían lograr importantes impulsos en la actividad económica. El FMI aporta otros datos que no siempre resultan evidentes: una recesión aumenta los homicidios hasta en una media de 6% en América Latina, efecto que no se observa en otras regiones. A su vez, un repunte de la inflación por encima del 10% y aumentos en los niveles de desigualdad también incrementan el número de asesinatos.
Por su parte, en el estudio del BID -”Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe”- se observa que una de sus conclusiones es que en 2022 los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron el 3,4% del PIB de la región, manteniéndose sin cambios significativos respecto de un estudio del propio BID en 2017. Para efectos de dimensionar lo que ello representa, la entidad lo grafica señalando que dicho costo equivale a doce veces el presupuesto público regional asignado a investigación y desarrollo, y un 78% del gasto público destinado a educación. Los costos se estiman en función del tiempo productivo perdido por efectos de los crímenes no letales, homicidios y encarcelamientos; gastos en mitigación por parte de las empresas, y gasto público en prevención del crimen y justicia penal.
Para el caso de Chile, el estudio muestra que el costo representó un 2,4% del PIB, una ligera baja respecto de mediciones anteriores. Si bien esta cifra coloca a nuestro país entre aquellos con un menor costo a nivel regional -destacando también que la tasa de homicidios de seis cada 100 mil habitantes sigue estando entre las más bajas del continente-, resulta relevante tomar nota de los efectos que puede conllevar el aumento de la violencia, considerando que la cantidad de homicidios en el país ha experimentado un fuerte incremento en apenas algunos años, fenómeno asociado principalmente a la mayor presencia del crimen organizado.
Estos estudios permiten ilustrar, por una parte, la importancia de volver a centrar la preocupación en el crecimiento y en la estabilidad macroeconómica, pues su debilitamiento genera efectos el aumento de la violencia. También ponen de relieve lo crucial que resulta controlar a tiempo la delincuencia así como la tasa de homicidios, porque su efecto puede llegar a ser particularmente grave para la inversión y el crecimiento, además de los dramáticos efectos que implica para la sociedad vivir bajo el temor. Esto refuerza la importancia de que el combate contra la delincuencia debe ser una prioridad máxima de las políticas públicas.
