Imparable ola de asesinatos

Todas las señales están indicando que enero concluirá como un mes muy violento en materia de asesinatos, repitiéndose el patrón que ha caracterizado este fenómeno: crímenes en plena vía pública, la gran mayoría producto de disparos, y en varios casos se observa especial ensañamiento y señales de tortura. A todo ello se suma una arista particularmente dramática: varios niños y adolescentes también han muerto -en 2023 fallecieron un total de 38-, ya sea como blancos directos de los ataques o bien como víctimas inocentes de los ya habituales “ajustes de cuentas”.

Datos recogidos por este medio indican que desde que la Fiscalía Nacional creó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), en noviembre pasado, y hasta el 14 de enero, a nivel nacional se han registrado 120 homicidios, número que por supuesto ha seguido aumentando. Entre aquellos hechos que han causado fuerte impacto en este primer mes del año figura la muerte de una niña de solo 10 años en la comuna de Maipú, en tanto que tres personas en situación de calle fueron vilmente asesinadas, sin motivo aparente. A ellos se suma el hecho de que prácticamente a diario aparecen cadáveres de personas acribilladas, que en la mayoría de los casos corresponden a ciudadanos extranjeros. No es extraño que frente a esta realidad el gobernador de la Región Metropolitana haya señalado que se vive una “pandemia de homicidios”, ante lo cual ha hecho llamados a adoptar medidas de carácter extraordinario.

Aun cuando exista el consuelo de que a nivel latinoamericano Chile sigue estando entre los países con menores de tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, comparado consigo mismo el aumento de este tipo delitos ha sido explosivo en los últimos años, lo que se ha reflejado en que conforme los últimos datos disponibles la tasa de homicidios haya pasado -por cada 100 mil habitantes- de 4,5 en 2018, a 6,7 en 2022.

Desde el mismo Ministerio Público se ha hecho presente que “la criminalidad en Chile cambió totalmente”, lo que pone de relieve el enorme desafío al que se enfrenta el país, considerando que la mayor parte de esta inusitada violencia es el resultado de la presencia cada vez más activa de peligrosas bandas de narcotráfico, unido a la inmigración descontrolada que favoreció el ingreso de personas indocumentadas pero con fuerte perfil delictual. Ello no solo se ha reflejado en prácticas que hasta hace poco eran muy escasas en el país -como el sicariato o los secuestros extorsivos-, sino que la investigación penal se ha hecho mucho más compleja.

Los datos también muestran que el aumento de los homicidios no se reparten homogéneamente a lo largo del país, sino que tienden a concentrarse en ciertas regiones, y en el caso de la Región Metropolitana, en comunas del sector sur y poniente, lo que además da cuenta de que el fenómeno golpea sobre todo a los segmentos más populares.

A la luz de esta realidad, que representa una amenaza evidente para la integridad de la población, es evidente que se requiere un plan mucho más audaz de lo que se ha venido aplicando hasta ahora, pues se trata de una realidad delictual completamente distinta. En ningún caso se puede llegar al punto donde comience a quedar la impresión de que las capacidades del Estado se podrían estar viendo sobrepasadas, porque ello implicaría un fracaso institucional y una dura derrota para el Estado de Derecho.