Implicancias del grave atentado en Contulmo
Lo que está en juego es de tal gravedad que ya no hay margen para las cavilaciones o entrampamientos ideológicos, lo que exige la aplicación sin reservas de todas las herramientas que provee el Estado de Derecho.
Los gravísimos hechos que tuvieron lugar este lunes en la comuna de Contulmo (Región del Biobío) son un nuevo y trágico recordatorio de los niveles que ha alcanzado la violencia en la llamada Macrozona Sur, llevada cabo por grupos terroristas que se esconden detrás de la causa indigenista.
La acción, reivindicada por el grupo Resistencia Mapuche Lavkenche -uno de los tantos que ya operan en la zona- dejó como saldo tres personas heridas producto de disparos -una de ellas debió ser objeto de la amputación de su pierna-, y la destrucción total tanto del Molino Grollmus -que databa de 1915- como del museo colindante, que fueron consumidos por las llamas. El ensañamiento de los atacantes con las víctimas y la propiedad ha generado honda preocupación en los habitantes y autoridades de la zona, motivando que el subsecretario del Interior se desplazara a la zona.
Lo acontecido en Contulmo deja a la vista una serie de implicancias que permiten dimensionar bien la naturaleza de la amenaza que enfrenta la Macrozona. Por de pronto, y lo más grave de todo, estos grupos están atacando a mansalva y con claros propósitos de asesinar; su “accionar” ya no se limita a destruir infraestructura y maquinaria asociada a faenas desarrolladas en territorios que reivindican, algo ya de suyo suficientemente grave, sino que se está empezando a extender a la población en general, en un claro intento de amedrentar y forzar su salida de la zona. El listado de agricultores, trabajadores o personas comunes y corrientes que han sido asesinadas o heridas en distintos puntos de la Macrozona confirma que esta escalada va mucho más allá de blancos específicos, tal que el riesgo de lesiones graves o de homicidios se empieza a instalar como parte de estas operaciones delictuales.
La evidente pérdida del Estado de Derecho obliga a la adopción de medidas urgentes, que estén a la altura del peligro que se enfrenta. El subsecretario del Interior ha anunciado que se adoptarán medidas especiales, mencionando que el estado de emergencia “hasta el momento no ha logrado responder con la prontitud que las personas requieren y demandan”. Sin entrar en mayores detalles, adelantó que se harán modificaciones respecto a cómo se despliegan las fuerzas en la Macrozona Sur y particularmente en la provincia de Arauco.
Puesto que el estado de emergencia es una facultad constitucional privativa del Presidente de la República, la forma en que este se invoca y sus resultados son de su directa responsabilidad. En tal sentido, y atendida la escalada de violencia, si han de introducirse modificaciones lo que correspondería por de pronto es que deje de invocarse en forma “acotada” y se extienda mucho más allá de la custodia de rutas principales o de infraestructura relevante, sin perjuicio del reforzamiento de la dotación militar hoy desplegada. Fundamental será también el incremento del personal policial, así como de un mejoramiento de las capacidades en materia de inteligencia.
Lo que está en juego es de tal gravedad que ya no hay margen para las cavilaciones o entrampamientos ideológicos. El Estado de Derecho debe aplicarse sin reservas, lo que se traduce en utilizar todas las herramientas que este provee. En tal sentido, sería inexplicable que un hecho como el de Contulmo no sea objeto de invocación de la Ley de Seguridad del Estado.
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