Importancia de conservar el Simce

Tras dos años en que las escuelas estuvieron casi completamente cerradas y la mayor parte de las clases y actividades se debieron realizar de forma remota, resulta indispensable dar continuidad al plan nacional de evaluaciones que permita realizar un diagnóstico sobre el actual estado de aprendizajes de los estudiantes del país.

No obstante, tras varias declaraciones del ministro de Educación, no parece que ello esté dentro de sus prioridades. En cambio, según manifestó tanto en la Comisión de Educación de la Cámara Baja como en una entrevista radial, dentro de sus planes estaría el repensar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar (Simce), en especial en lo relativo al rol que cumple la Agencia de la Calidad, cuya labor hoy es evaluar y orientar a las escuelas. Así, se buscará eliminar el Simce y avanzar hacia una evaluación muestral, es decir, que no llegará a todas las escuelas del país, sino que solo servirá de medida agregada y no como insumo para cada una de ellas.

Es previsible que la eliminación de mediciones censales como el Simce lleve a que el sistema de educación funcione a ciegas, con mayor desigualdad y brechas, pero sin información al respecto. Del mismo modo, la crítica que a menudo se realiza a dicha medición por las consecuencias que se siguen de una mala evaluación son infundadas, pues hasta la fecha esta jamás se ha utilizado para castigar a las escuelas de mal desempeño. Por el contrario, aquellas que obtienen un desempeño insuficiente han tenido prioridad para participar de los planes de apoyo del Ministerio. Asimismo, la reticencia a la evaluación parece más un mito que una realidad: hoy las escuelas demandan instrumentos para poder medir el desempeño de sus estudiantes y tener un diagnóstico objetivo que les permita tomar las acciones necesarias para nivelar a aquellos que se están quedando atrás. Prueba de ello es el hecho de que muchas destinan recursos SEP a adquirirlos, así como también en la altísima inscripción voluntaria al Diagnóstico Integral de Aprendizaje que ofrece la Agencia de Calidad, que hasta el año pasado alcanzó en torno a siete mil escuelas.

En lugar entonces de eliminar las instancias de evaluación de aprendizajes, debiera pensarse en el ofrecimiento de un abanico aún mayor de instrumentos evaluativos gratuitos que permitieran a las escuelas medir los aprendizajes de sus estudiantes y diseñar estrategias para abordar los vacíos, con indicadores de seguimiento periódico. Asimismo, cabe avanzar en facilitar a las escuelas rurales -que por su tamaño hoy no forman parte de la clasificación nacional de escuelas- la posibilidad de incorporarse a ésta y así medirse con la misma vara que lo hacen los estudiantes de zonas urbanas.

Tan importante como lo anterior es generar información para evaluar las múltiples reformas que se vienen implementando en el sistema escolar durante la última década. Más aún cuando el gobierno ya quiere profundizar y cambiar algunas de ellas, antes siquiera de que estén funcionando en régimen y se sepa cuáles han sido sus impactos sobre los aprendizajes de los estudiantes y el funcionamiento de las escuelas.