Impropias actuaciones en “caso Hermosilla”

El llamado “caso Audios” ha generado ciertamente enorme estupor en la ciudadanía, desde luego no solo por quienes aparecen involucrados en el caso -entre ellos el abogado Luis Hermosilla, alguien que siempre presumió contactos y llegada tanto en sectores de izquierda y derecha-, sino sobre todo por sus enormes implicancias, en particular por la forma en que algunos utilizan indebidamente sus privilegios, buscando ganancias al margen de la ley y al parecer dispuestos incluso a corromper instituciones. Esto, como es de suponer, genera un enorme clima de desconfianza.

Cuidar las instituciones en este momento resulta imprescindible, y de allí que resulte preocupante que el propio Presidente de la República no lo dimensione así, a la luz de las imprudentes declaraciones que emitió apenas conocida la medida de prisión preventiva para Hermosilla. En medio de un acto público, el Mandatario celebró el envío a la cárcel “de un señor que se creía todopoderoso”. No deja de ser sorprendente que alguien a quien el Presidente reprocha ser “todopoderoso”, hasta hace muy poco fuera nada menos que el abogado del jefe de asesores de La Moneda, un reclutamiento que seguramente se estimó necesario precisamente por el poder y redes de contacto que ostentaba Hermosilla. Pero al margen de esta obvia contradicción, lo más preocupante es que el propio jefe de Estado aparezca involucrándose directamente en un juicio, estigmatizando a un imputado y poniendo en tela de juicio el principio de presunción de inocencia, todo lo cual no prestigia al Estado de Derecho.

Los dichos del Mandatario dieron incluso pie para que el abogado defensor de Hermosilla, su hermano Juan Pablo, fundamentara un recurso de amparo que presentó a fin de cambiar el lugar de reclusión de Hermosilla desde Santiago 1 a Capitán Yáber, argumentando que fue destinado al primer penal en virtud de una “politización arbitraria”. Siendo cierto que el Presidente tuvo aquí una actuación impropia, ello en ningún caso puede justificar las temerarias actuaciones del propio abogado defensor de Hermosilla, quien en la mediática forma en que ha buscado manejar esta defensa no ha trepidado en valerse de cuestionables maniobras y declaraciones altisonantes, que solo atizan el clima de desconfianza general.

Por de pronto, su agresiva forma de desenvolverse en la audiencia, cuestionando en amenazantes términos la forma en que la jueza de garantía dirigió la sesión, no es la forma que se espera de un litigante, además de desconcertar como estrategia para llevar el caso, con malos resultados hasta aquí para su cliente. Pero lo más grave es que Juan Pablo Hermosilla intentó hacer gestiones directas en Gendarmería para lograr el cambio de penal -algo no permitido-, y que también haya formulado abiertas amenazas a fiscales y ministros de Estado, al señalar primero que “si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla (…) ábranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”. Posteriormente arremetió al acusar derechamente al gobierno de estar interfiriendo en el caso, y acusó al Presidente de “matonaje”, cruzando un límite respecto de la investidura presidencial.

Son acusaciones sin duda graves, porque ponen en tela de juicio la integridad del Poder Judicial y del gobierno, ante lo cual lo mínimo que cabría esperar es que denuncie si está al tanto de hechos irregulares. Lo cierto es que esta forma de actuar en los hechos da la razón a quienes acusan que algunos no trepidan en usar sus privilegios y resentir las instituciones.