Incertidumbre en el mercado laboral

Salarios reales desaceleran su caída, pero completan un año de bajas en medio de alta inflación

Al aprobarse medidas como las 40 horas o el aumento del salario mínimo, al parecer solo se han tenido presente sus aspectos positivos, pero no se han calibrado suficientemente sus potenciales impactos en las decisiones de contratación.



Sorprende a ratos la falta de conciencia que existe sobre las dificultades que presenta el mercado laboral en Chile. La debilidad exhibida en el periodo posterior a la crisis sanitaria parece ser ignorada en la discusión pública y en la implementación de medidas que busquen revertir esta situación.

Los datos oficiales del trimestre febrero-abril reflejaron que la desocupación se mantiene en niveles elevados, alcanzando un 8,7%, el equivalente a casi un punto por sobre lo que teníamos hace un año. El desempleo femenino llegó a 9,5%, acercándose preocupantemente a los dos dígitos y llegando a su mayor nivel en casi dos años.

Además, preocupa el eventual estancamiento que exhiben los niveles de empleo, los que han sido apuntalados por puestos de trabajo en el sector público y por empleo de cuenta propia. De los 171 mil empleos creados en un año, 82 mil corresponden a cuenta propia y 64 mil fueron asalariados del sector público. Los asalariados privados registraron un incremento de solo 48 mil puestos de trabajo, el menor ritmo en dos años y por debajo de los niveles prepandemia.

La vulnerabilidad del mercado laboral se da en un contexto de alta incertidumbre. La actividad económica registró en abril una caída anual de 1,1%, mientras la actividad no minera se hundió 1,6%, completando ocho bajas consecutivas. Pese a que las proyecciones para 2023 han mejorado marginalmente, el desempeño económico de Chile será uno de los peores de la región y si logra evitar la caída, será para anotar un crecimiento exiguo.

En paralelo avanzan iniciativas que pueden tener efectos en la creación de empleo formal. Además de la reducción de la jornada semanal a 40 horas, se aprobó recientemente un alza en el salario mínimo, que iría progresivamente alcanzando los $500 mil hacia julio de 2024; se mantiene en discusión la reforma de pensiones que implica un alza de 6% en las cotizaciones y se hacen anuncios que buscan fortalecer -aún más- el poder sindical. Más allá de lo oportunas o necesarias que puedan resultar alguna de estas medidas, lo cierto es que tendrán impactos en las decisiones de contratación y, de materializarse estos efectos negativos, podrían crear una debilidad adicional en el mercado laboral.

Pese a que el Presidente mencionó en su Cuenta Pública una inversión de $50.000 millones para la creación de nuevos empleos a través de nuevos incentivos a la contratación, su profundidad y alcance parecen tímidos para abordar la verdadera magnitud del problema. Solo para recuperar la tasa de ocupación previo a la pandemia (58,6% en enero de 2020) se necesitan crear unos 491 mil empleos adicionales. La reciente caída en la actividad, en especial en aquellos sectores intensivos en mano de obra como el comercio y algunos sectores industriales, amenazan más bien con alejarnos de la meta, que converger a niveles de normalidad.

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