Incertidumbre técnica y jurídica

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta difícil de entender el actuar del gobierno cuando, por un lado, se pretende despolitizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de un proyecto de ley, pero al mismo tiempo se empecina en no dar cumplimiento al fallo del Tribunal Ambiental en el caso Dominga. Lo anterior resulta grave, por cuanto pone en entredicho la institucionalidad ambiental, recordando que los tribunales ambientales fueron creados para el control de legalidad del actuar administrativo. Así, bajo está lógica, un acto administrativo ambiental no estaría teniendo un debido control de legalidad, utilizando como resquicio para estos efectos la discrecionalidad administrativa mal entendida.

De acuerdo a este razonamiento, el Comité de Ministros tendría siempre un “mecanismo jurídico” para no cumplir con las sentencias de los señalados tribunales, ya que podría agregar nuevos elementos a los discutidos en las respectivas evaluaciones ambientales y reclamaciones. Para ello, basta con incorporar alguna disconformidad de algún servicio sectorial durante la evaluación ambiental, aunque la señalada disconformidad ya hubiese sido zanjada, para así plantear una nueva causal de rechazo no contemplada en la ley y que podría ser fácilmente construida. Cabe recordar que las causales de rechazo de un EIA corresponden a incumplimientos normativos y a medidas ambientales no apropiadas para impactos significativos.

De la forma como se ha actuado, en que se rechaza un proyecto basado en causales no incluidas en la ley e incongruentes con la evaluación ambiental, se genera un precedente que permite un nivel máximo de incertidumbre técnica y jurídica.

Esto obliga, basado en este verdadero caso de estudio, a replantear el proyecto de ley de reforma al SEIA, teniendo presente mayores grados de autonomía sobre quién otorga la RCA, quién la revisa y las causales específicas para rechazar un proyecto en el SEIA. Para ello, resulta fundamental un consejo directivo autónomo que tenga una verdadera rectoría técnica en materia de evaluación ambiental de proyectos y facultades que le permitan la evaluación del desempeño del personal del SEA. Si no están estos elementos, dado el caso Dominga y la comprobación de cómo un gobierno podría actuar, no tiene mayor sentido hablar de “despolitización”.

Susana Jiménez

Presidenta CPC