Inconsistencias en sueldos de asesores de gobierno

Los antecedentes recogidos en una investigación periodística de este medio han revelado que el compromiso de campaña asumido por el Presidente de la República a fin de que las remuneraciones de altas autoridades y sus asesores de confianza no excedieran 10 veces el sueldo mínimo -actualmente en $380 mil, que subirá a $400 mil en agosto-, dista por ahora de estar cumpliéndose en varios casos.

En dicho análisis, que revisa las remuneraciones de aquellas entidades que están instaladas en La Moneda -Presidencia, Interior, Segpres, Segegob y Ministerio de la Mujer-, se consigna que más de 80 funcionarios reciben sobre $5 millones mensuales. Aun cuando las remuneraciones de ministros y subsecretarios están establecidos en la ley, en lo relativo a la contratación de asesores de confianza existe una enorme dispersión, donde hay varios casos con ingresos sobre $7 millones mensuales, a pesar de un instructivo del gobierno en que se establece que dichos honorarios no deberían superar el 50% de la remuneración bruta de un subsecretario, estableciendo un recargo de 15% en caso de que se acreditara experiencia de 15 años, vale decir, el tope establecido llegaría a algo más de $5 millones. En otro ejercicio, se pudo comprobar que en los ministerios de Educación, Salud, Obras Públicas y Vivienda también hay varios funcionarios que superan el 50%, pero las respectivas reparticiones no entregaron información para aclarar si ello se debe a que califican para recibir el recargo.

El diagnóstico del ahora Mandatario para establecer estos criterios de austeridad se basaba en que se había “escuchado el clamor de nuestros compatriotas”, lo que exigía dar pasos efectivos en la equidad que se quería construir para el país; por lo mismo, llama la atención que dicho compromiso no se esté cumpliendo. Desde La Moneda se ha justificado que el compromiso estaba formulado sobre la base de un salario mínimo de $500 mil, monto que está previsto lograr hacia el fin de este mandato. Dicha explicación, que linda en lo burdo, se enmarcaría en lo que se ha denominado como “letra chica”, un recurso que tantas veces el actual oficialismo utilizó -y con mucha efectividad- para desacreditar reformas adoptadas durante la anterior administración.

Probablemente lo que subyace aquí es que el gobierno una vez más se ve en el dilema de confrontar deseos, aspiraciones o incluso eslóganes con la realidad que impone hacerse cargo de la conducción del país. Aquí resulta evidente que decretar una remuneración tope basada en criterios de equidad puede ser válido, pero ello necesariamente debe armonizarse con lo indispensable de que el sector público cuente con las herramientas para asegurar que contará con personal altamente calificado, cuyas remuneraciones deberían ser las de mercado.

En las promesas de campaña por lo visto no se tuvo a la vista estas consideraciones, lo que ameritaría que estos instructivos sean revisados a la luz de criterios más técnicos. Es un hecho que en los asesores de confianza muchas veces priman variables como la cercanía política antes que las competencias técnicas; es dicha práctica lo que realmente se debería desincentivar, porque al final contamina todo el sector público e impide distinguir cuando se trata de asesores competentes que deben ser bien remunerados, cuya escala debería responder a parámetros más amplios que el mero sueldo de un subsecretario.