Indefiniciones en la condonación del CAE

La condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) universal fue una de las principales promesas de campaña del actual gobierno, y que fue reafirmada una vez ganada la elección. Más bien, este anhelo -junto con la gratuidad universitaria- provenía desde las incursiones de las actuales autoridades en el movimiento estudiantil hace más de una década atrás. Hoy, con casi un año y medio de administración, llama profundamente la atención lo errático de las diversas declaraciones e indefiniciones al respecto.

Siempre se supo que condonar la totalidad de las deudas contraídas por los beneficiarios del crédito con garantía estatal era una medida regresiva y de un alto costo fiscal -cercano a US$10 mil millones-, pero también se sabe que es una medida altamente rentable desde el punto de vista electoral. Dicha tensión seguramente explica por qué cada cierto tiempo esta promesa vuelve a la discusión pública, algunas veces de manera más soslayada y en otras oportunidades explícitamente. Fue así como el Presidente de la República, en su última cuenta pública, prometió terminar con el CAE, anclando directamente dicha medida a un pacto fiscal para contar con los recursos. Sin embargo, cuando el Ministerio de Hacienda dio a conocer recientemente su propuesta de pacto fiscal no incluyó al CAE dentro de las necesidades sociales más apremiantes que se busca atender con la nueva recaudación.

Tal como se vio en los meses iniciales de administración, los vaivenes de esta promesa continúan. Así, no bastó con cerrar la puerta desde la reciente propuesta de recaudación fiscal, ya que la propia cartera de Educación unos días después informó que dicho compromiso “seguía en pie”, pero ahora la “superación del CAE no se va a financiar con la reforma tributaria”. Los detalles del diseño de la propuesta consensuada entre las instituciones, actores políticos y sociales, como se había prometido, no serán conocidos este año.

La “estrategia” ahora es que la Subsecretaría de Educación Superior presente una propuesta -sin consenso, al parecer- al interior del gobierno a finales de este año, quedando incierta la presentación de los detalles al Parlamento y la ciudadanía, pues dependerá de la definición política que tome el Presidente. Mientras tanto, producto de esta precaria promesa, la morosidad de los estudiantes titulados beneficiarios del CAE aumenta significativamente, desperdiciando así valiosos recursos. Considerando el contexto actual de graves consecuencias educativas que produjo el excesivo cierre prolongado de las instituciones de educación durante la pandemia, y con un plan de reactivación con muy pocos recursos financieros, hace incomprensible que se siga dilatando un pronunciamiento claro sobre esta inadecuada medida, cuando existe un consenso transversal de que las urgencias en educación son otras.