Indicaciones a la reforma de pensiones

En los próximos días la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados iniciará la revisión de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la reforma de pensiones. En esta oportunidad, el gobierno ha hecho algunas concesiones con el fin de allanar las negociaciones con la oposición. Así, entre otras materias desistió de derogar el DL 3.500 que creó el sistema de la capitalización individual, algo que de haber ocurrido abría una puerta de incertidumbre innecesaria, donde se terminarían derogando una serie de leyes adicionales, las bases del actual sistema, sumado a una compleja transición. Adicionalmente, las indicaciones reponen la posibilidad del retiro programado como una alternativa de pensión. En tanto, el Administrador Previsional Autónomo (APA), que antes era un ente público, ahora deberá ser licitado a privados.

Sin embargo, hay otras indicaciones que no contribuyen a concentrar los esfuerzos en el objetivo final que es mejorar la pensiones. En tal sentido, una de las más complejas es persistir en la figura del autopréstamo, la cual deja abierta la puerta para un retiro de fondos destinados a la jubilación. Esto resulta cuestionable no solo a la luz de la experiencia de los anteriores retiros, que ocasionaron un grave daño previsional -disminuyendo en cerca de 15 puntos promedio la tasa de reemplazo-, sino además porque se trata de una opción que en la práctica estará disponible para una pequeña fracción de afiliados y con baja expectativa de devolución. Adicionalmente, es inexplicable la incorporación del financiamiento de sala cuna universal en el proyecto previsional, destinando 1 punto de cotización para otros fines distintos a mejorar las pensiones.

El cambio en la distribución de la cotización adicional tampoco facilita alcanzar acuerdos con la oposición. Las indicaciones destinan 2 de los 6 puntos de cotización adicional a las cuentas individuales, cuatro puntos a un sistema de reparto, de los cuales tres puntos se destinarían a un seguro social y el remanente a financiar la sala cuna como también para compensar mayores expectativas de vida de las mujeres. Si bien el componente de reparto es un impuesto al trabajo, lo que podría incentivar la ya elevada informalidad, sectores de oposición han estado disponibles para avanzar en mecanismos de solidaridad para favorecer hoy a los pensionados mediante aportes del Estado con ingresos generales de la nación.

Otro aspecto que no genera consenso es la separación de la industria. Si bien hay un amplio consenso en abrir la competencia a nuevos actores, no existe igual grado de coincidencia en la centralización de la administración de cuentas por parte del Estado. Es importante que en esta materia primen los argumentos técnicos por sobre los ideológicos, porque una reorganización de la industria eventualmente más cara y menos eficiente la terminarán pagando indirectamente los afiliados a través del Estado.

En las próximas semanas será importante nutrir la discusión con los datos del sistema aún pendientes, como la información de las tasas de reemplazo y también de estudios independientes que permitan evaluar técnicamente los costos y beneficios de separar la industria. Oficialismo y oposición deberán dar muestras de flexibilidad y disposición al diálogo, teniendo a la vista que lo más relevante es maximizar el aumento de las pensiones para los actuales y futuros pensionados.