Indispensable reforma al sistema notarial

El nombramiento de María Elena Leiva como titular en la Primera Notaría de San Miguel ha levantado nuevamente la polémica por el sistema de designación de estos cargos, atendido que la designada, más allá de haber ejercido el cargo interinamente por más de un año, recién se tituló hace tres años y es parte de una familia con tres integrantes en estos cargos, en tanto que su hermano, diputado PS, preside la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara.

Ciertamente resultan particularmente preocupantes las explicaciones entregadas por el ministro de Justicia para justificar esta designación. Entre ellas, la autoridad indicó que la abogada era la única elegible, pues los otros dos integrantes de la terna se habían restado del proceso por distintos motivos. Sorprende esta argumentación, cuando lo esperable es que frente a ese escenario se hubiese buscado que la Corte nombrara una nueva terna, considerando que varios postulantes habían mostrado su interés en participar de dicho proceso. La presidenta del Comité de Personas de la Corte Suprema hizo ver que la terna no fue impugnada -algo que sólo podían hacer los propios postulantes- y tampoco devuelta por el Ministerio de Justicia para que fuese completada en dicho proceso, en circunstancias que este mecanismo ha sido utilizado muchas veces en el pasado por el Ministerio. Si bien el ministro reconoció que esta era una posibilidad, no se recurrió a ella porque a su juicio tomaría mucho tiempo.

El episodio ilustra a la perfección la necesidad de introducir cuanto antes reformas al sistema de designación de notarios así como de reformas profundas al funcionamiento de esta actividad, donde producto de una serie de barreras de entrada, regulaciones obsoletas y supervisión laxa no sólo se cuenta con muchos menos notarios de los que el país requeriría -asegurando cuantiosas rentas a quienes logran acceder a estos codiciados cargos-, sino que además supone enormes pérdidas de tiempo y mayores costos a los usuarios. Todo ello ha quedado documentado en un informe de la Fiscalía Nacional Económica de 2018, que entre otros aspectos determinó que con mejores regulaciones se podrían ahorrar entre US$ 138 millones y US$ 149 millones al año.

A pesar del compartido diagnóstico sobre la necesidad de introducir reformas profundas al sistema, el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales ha mostrado una inexplicable lentitud para su tramitación. Pese a haber sido presentado en septiembre de 2018, logró sortear la barrera de la Cámara de Diputados en enero de 2020, pero en el Senado ha encontrado un inconveniente entrampamiento. Recién en agosto la sala del Senado lo aprobó en general, entrando a la etapa de presentación de indicaciones.

En junio el Congreso despachó a ley el proyecto de “desnotarización”, el cual suprime o elimina la intervención de notarios en más de 20 trámites y gestiones determinadas, un paso sin duda relevante pero que no corrige los problemas estructurales antes señalados. Han sido innumerables las oportunidades en que se han acometido reformas al sistema notarial, pero hasta aquí sin éxito. De allí que resulta imperativo que el Ejecutivo y los parlamentarios salden cuanto antes esta deuda con el país y agilicen la tramitación del proyecto hoy en trámite, donde es fundamental que en el intertanto el gobierno procure no volver a incurrir en la discrecionalidad que se vio en el caso de San Miguel.