Informe de Contraloría sobre Democracia Viva

La Contraloría ha concluido una investigación especial relativa a los traspasos de fondos efectuados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta a entidades privadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, cuyas conclusiones han sido elocuentes en cuanto han permitido confirmar una serie de situaciones irregulares, particularmente en lo referido a la Fundación Democracia Viva. Cabe tener presente que a partir de este caso comenzaron a salir a la luz pública una serie de situaciones similares ocurridas a lo largo del país, donde quedaron expuestos millonarios traspasos de fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro presumiblemente con un ánimo de generar beneficios indebidos.

Las ramificaciones penales y políticas de estos escándalos están en pleno desarrollo, pero las conclusiones de la Contraloría sobre Democracia Viva arrojan las primeras luces de lo que probablemente se ha repetido en otros puntos del país, y que dejan a la vista una grave ausencia de mecanismos eficientes de control tanto en lo que se refiere a los criterios de asignación de fondos, como en asegurar que estos se utilicen para los fines que fueron destinados.

Entre los hallazgos que ha podido constatar el ente contralor en el caso de Antofagasta, se verificó la inexistencia de un procedimiento formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios; asimismo, la asignación de fondos fue de manera directa, sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron. En el caso de Democracia Viva, se pudo constatar además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que ésta debía ejecutar y de su experiencia en ellas.

En el informe también se hace presente que el Seremi de Vivienda, al mantener un vínculo con el representante legal de Democracia Viva -todos los involucrados en este caso tenían relaciones de amistad y compartían militancia en Revolución Democrática-, se habría vulnerado el principio de probidad, debiendo haberse abstenido. Particularmente escandaloso resulta el hecho de que se haya comprobado que determinados funcionarios que prestaban labores en dependencias del gobierno a su vez también lo hicieran en algunas de estas fundaciones, lo que desde luego lleva a interrogarse cómo fue posible que una irregularidad de esa naturaleza no llamara la atención o fuese consentida.

El propio contralor ha ratificado que las conclusiones de esta investigación configurarían un caso de corrupción, una tesis que antes ya habían sostenido el ministro de Justicia y el propio Presidente de la República. La ciudadanía se entera ahora de que los fondos que el gobierno reclama a Democracia Viva para ser restituidos probablemente nunca se podrán recuperar, precisamente porque los convenios fueron otorgados sin exigir ningún tipo de garantía. Si esto mismo llega a ocurrir en los varios casos hoy bajo investigación, implicaría una enorme dilapidación de recursos públicos.

Frente a esto, se vuelve a abrir el debate acerca de las responsabilidades administrativas y políticas frente a lo sucedido, donde no cabe descartar que ante la ciudadanía baste con los funcionarios que hasta el momento han sido apartados de sus cargos.