Informe del consejo evaluador de la educación pública

Recientemente se publicó el informe anual que elabora el Consejo Evaluador de la puesta en marcha del Sistema de Educación Pública que se viene instalando gradualmente desde 2018, cuyo objetivo es monitorear e identificar problemas en la nueva institucionalidad para sugerir correcciones oportunas, incluyendo aquellas que podrían requerir cambios legales.

Entre los aspectos que este nuevo informe destaca, se repiten prácticamente los mismos temas de los informes previos -varios de los cuales se advirtieron incluso en la discusión de esta ley-, como es la mayor rigidez y burocracia en el uso de los recursos, la extensión territorial que aleja la administración de algunas comunas dentro de un mismo SLEP, las dificultades para reclutar al personal idóneo, los problemas en el traspaso de colegios desde los municipios, entre otros. Como contrapartida, se destaca el valor del acompañamiento técnico pedagógico que prestan los SLEP, aunque no se verifica un consenso entre los docentes respecto de si perciben un cambio positivo en comparación con la administración municipal previa. Esto podría indicar una persistencia en la heterogénea capacidad de gestión de los nuevos SLEP, tal como ya ocurría con los municipios.

Adicionalmente, una materia que sí es novedad dentro del informe dice relación con la crisis vivida por el SLEP de Atacama y la posibilidad de frenar a nivel nacional la instalación del nuevo sistema para mantener la administración municipal. Si bien el Consejo se manifiesta en contra de dicha posibilidad -lo que parece razonable-, es lamentable que el foco del debate se desplace hacia ese aspecto, es decir, hacia una institucionalidad que está en retirada, en lugar de ahondar sobre los problemas de fondo que exhibe la nueva que se está instalando y que le impiden posicionarse como una mejor opción para hacerse cargo de la educación estatal. Así, por ejemplo, en esta oportunidad el informe no se refiere al problema de la sobredotación de docentes y asistentes de la educación que resaltan los informes previos -y que las cifras muestran no se ha resuelto-, aunque sí da cuenta de las numerosas licencias médicas y con ello la necesidad de nuevas contrataciones que abultan los gastos, pero no necesariamente se traducen en una mayor disponibilidad de profesionales que atiendan las necesidades de los estudiantes.

Al leer el informe queda la falsa sensación de que los problemas que aquejan al sistema no son en realidad tan graves como de hecho lo son, surgiendo dudas respecto al rol que ha cumplido este Consejo a la hora de impulsar los cambios necesarios a la nueva institucionalidad. Si bien este ha contribuido con numerosas advertencias, hasta la fecha estas no se han traducido en la implementación de reformas. Asimismo, el informe ofrece una evaluación superficial del proyecto de ley que presentó el gobierno recientemente, lo que subraya la necesidad de un análisis más profundo y crítico que alimente el debate legislativo y asegure un diseño adecuado tanto para la fase de implementación como en régimen.