El proyecto de ley sobre el ingreso mínimo garantizado -en trámite con urgencia en el Congreso- pretende asegurarle a todos los trabajadores que tengan contrato de trabajo vigente y que sean sujetos de cotizaciones de seguridad social una remuneración líquida mensual mínima de unos 300 mil pesos. Se espera que el subsidio implícito beneficie a unos 700 mil trabajadores, equivalente a casi un 15 por ciento de la fuerza laboral formal.
Si bien tienen objetivos similares -mejorar los ingresos laborales más bajos-, no hay que confundir un salario mínimo con un ingreso mínimo garantizado. Un aumento de la remuneración mínima legal afecta al empleo formal, dado que incrementa el costo laboral e induce a las empresas establecidas a contratar menos mano de obra. Los así desplazados tenderán a emplearse en el sector informal, a menores niveles de productividad y remuneración, y con derechos de protección social en extremo precarios. Por lo tanto, un aumento del salario mínimo tenderá a ser ineficiente y es regresivo.
Una solución alternativa es garantizar a los trabajadores un ingreso -no un salario- bruto mínimo superior a la remuneración formal básica, que en la actualidad es, en Chile, de aproximadamente 300 mil pesos. Esto se puede hacer mediante un subsidio estatal equivalente a la diferencia entre la remuneración mensual bruta efectiva que recibe el trabajador y el ingreso mensual bruto mínimo garantizado (propuesto en unos 400 mil pesos).
Este sistema -que desacopla los salarios de los ingresos- es eficiente, dado que permite asignar adecuadamente los recursos laborales disponibles, al mismo tiempo que asegurarle a los trabajadores un ingreso mínimo digno.
Es más, el citado sistema incentiva la formalización del mercado laboral, dado que solamente los trabajadores formales tendrán derecho al subsidio aludido. Como la informalidad -que en la actualidad representa un preocupante 30 por ciento de la fuerza laboral- afecta, entre otros, al financiamiento de la salud y de las pensiones, el aliciente comentado es muy bienvenido.
No obstante la impecable lógica del sistema de ingreso mínimo garantizado, el diablo está en los detalles de su implementación. Como sucede con todo subsidio, no faltarán los agentes que tratarán de obtenerlo fraudulentamente. ¿Lo harán las grandes empresas? En general no, porque los salarios mínimos que pagan tienden a exceder al mínimo garantizado propuesto. ¿Lo podrán hacer las Pymes? No les será fácil, dado que operan acudiendo a nuestro mercado laboral, que es competitivo y tiene grados razonables de movilidad. En todo caso, el proyecto propone sabiamente una evaluación anual del funcionamiento del sistema por parte del Consejo Superior Laboral, además de darle al mecanismo propuesto un horizonte de vigencia finito.
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