Inimputables

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Hace pocos días, un niño de 12 años fue detenido por un homicidio en Antofagasta, el tribunal lo declaró inimputable por su edad y fue remitido al cuidado de sus abuelos, dada la incapacidad de su madre. En Chile, la inimputabilidad penal se aplica a niños menores de 14 años, quienes no pueden ser considerados responsables penalmente por sus acciones. Sin embargo, esto no significa que estén exentos de sus consecuencias.

Cada año, se estima que alrededor de 2.900 niños quedan al margen de la Ley Penal Adolescente (LPA), los que son acusados de delitos, mayoritariamente, contra la propiedad, pero también contra las personas, lo que da cuenta del inicio más temprano de trayectorias delictivas.

En 2017, junto a la Fundación Paz Ciudadana, la Fundación San Carlos de Maipo levantó el primer estudio sobre inimputables en el país, evidenciando que por cada 13 imputados en la LPA, existía un niño inimputable. Asimismo, detectó que la oferta pública para el segmento solo contaba con el programa Terapia Multisistémica, para después sumar Triple P, contenidos en el programa Lazos que implementa la Superintendencia de Prevención del Delito. Una oferta a todas luces insuficiente, pese a la existencia de iniciativas de calidad disponibles en el sector privado (Terapia Funcional Familiar, Comunidades que se Cuidan, Familias Unidas, entre otras).

En 2018 hubo avances significativos en Lazos; sin embargo, en 2022 se eliminó el -recién incorporado- programa Familias Unidas, pese a contar con sólida evidencia internacional en reducción de catalizadores delictivos, dejando nuevamente solo la Terapia Multisistémica, que no alcanza a cubrir el 10% de la demanda anual.

Hoy, los inimputables, pese al diagnóstico señalado por el estudio en 2017, son invisibilizados al derivarse al sistema de protección sin todavía contar con una oferta especializada, menos aún disponible, con listas de espera que cuadruplican las existentes en 2021. Adicionalmente, la calidad y cobertura de estos servicios ha sido objeto de críticas y quedan en evidencia en las evaluaciones recientes de la Dipres y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Urge que de cara a la discusión de la Ley de Presupuestos se tomen en cuenta estas evaluaciones y se priorice la instalación de sistemas preventivos con programas que tengan garantía de resultados y coberturas adecuadas a nivel local. Tenemos que ser capaces de llegar antes.

Marcelo Sánchez

Gerente general Fundación San Carlos de Maipo