Inquietudes ante futuro financiamiento de la educación superior

Días atrás, este medio dio cuenta de la preocupación que se ha generado entre varios rectores de universidades tras los trascendidos sobre el nuevo sistema de financiamiento estudiantil que el gobierno está barajando para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Si bien el Presidente Gabriel Boric hizo mención a este en su cuenta pública, aún falta conocer los detalles en relación a su diseño y en qué medida, como algunos han anticipado, podría conllevar a una fijación de aranceles para las casas de estudio.

La fijación de aranceles representa un problema para el sistema de educación superior, en la medida que implica limitar y dejar al arbitrio del Estado la definición de los recursos disponibles para que las instituciones no solo deban cumplir con los requisitos para la acreditación que en paralelo este les exige, sino además para que puedan crecer y responder adecuadamente a las crecientes demandas de un entorno cada vez más competitivo. Esto ya lo saben bien los rectores y las casas de estudio que forman parte de la política de gratuidad; si bien esta les ha permitido el acceso a cuantiosos recursos fiscales que previamente debían obtener de sus estudiantes, en paralelo ha significado la obligación de ajustarse a los aranceles regulados que define el Ministerio de Educación, esto es, el monto que se entrega por cada estudiante beneficiario, que es inferior al arancel real para cada carrera.

Dado que a la fecha la gratuidad se encuentra acotada a los alumnos de los seis primeros deciles, aún permite un espacio de libertad sobre la obtención de recursos por parte de las instituciones, el que en todo caso se reduce en aquellas con un mayor número de beneficiarios en relación a su matrícula total. No obstante, si el nuevo sistema de financiamiento que reemplace al CAE introduce -como algunas voces están anticipando- la prohibición de cobrar un copago por sobre el arancel regulado por el Estado, entonces el problema de la fijación de aranceles se exacerbará, amenazando la viabilidad financiera y el espacio de gestión autónoma de las instituciones de educación superior que reciben a alumnos con ayuda fiscal. Asimismo, se pondría en riesgo la calidad de los programas y el crecimiento necesario para mejorar el acceso a este nivel educativo, que es el propósito que, al menos en el papel, se encuentra detrás de esta iniciativa.

Es de esperar que el gobierno analice con cautela esta materia y que no desestime las legítimas preocupaciones manifestadas por rectores y por diversos especialistas. Así también, es de esperar que los rectores que aún no han calibrado esta potencial amenaza tengan una mirada de largo plazo, es decir, no solo de los recursos de corto plazo que un nuevo sistema de financiamiento puede implicar para sus instituciones -como de hecho pasó con la gratuidad-, sino también de lo que el sistema requerirá para hacer frente a los desafíos futuros.