Insólita polémica sobre fondos para tropa profesional

Ha llamado la atención la controversia que se ha generado a propósito de las dispares apreciaciones del comandante en jefe del Ejército y el gobierno respecto de los recursos que recibe la institución para el financiamiento de los soldados profesionales, lo cual ha terminado complicando la aprobación de la partida de Defensa para 2025.

Exponiendo ante una subcomisión mixta de presupuesto, el jefe del Ejército hizo ver que está definido que la institución debe contar con una planta de siete mil soldados profesionales, “pero solamente se está financiando a 1.600 soldados”. Para efectos de reforzar el punto, remarcó: “Yo solamente lo dejo como constancia porque de repente se nos piden tareas extra, estados de excepción, etc., y por supuesto todo tiene un límite de fuerza, yo entiendo la realidad del país, pero espero que todos tengamos conciencia que eso se está financiando”.

Sus dichos generaron una cadena de respuestas por parte del gobierno. El ministro de Hacienda indicó que la disminución de conscriptos generó un menor contingente de potenciales entrantes a la tropa profesional, lo que ha ocurrido prácticamente todos los años, de modo que “siempre la dotación de tropa de soldados profesionales ha estado por debajo de lo financiado en la Ley de Presupuesto”. A su vez, la ministra de Defensa descartó totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, “todo lo contrario, nosotros hemos ido recuperándolo”, mientras que el subsecretario de las Fuerzas Armadas añadió que los “fondos estratégicos están totalmente cubiertos”.

Si bien una controversia de esta naturaleza resulta insólita, y no es conveniente que asuntos de la defensa nacional se ventilen de esta forma, al menos esta polémica ha servido para relevar la existencia de un problema que distintas administraciones se han negado a abordar, porque es un hecho que en todos estos años el Ejército no ha logrado llenar las vacantes fijadas para la planta de soldados profesionales -una figura que fue introducida por ley en 2008-, lo que desde ya debería ser un asunto del máximo interés, porque ello afecta las capacidades militares.

En ello pueden estar incidiendo diversos factores. La caída en el número de conscriptos -que es de donde se nutre la planta profesional- puede haber incidido, donde ciertamente la campaña de fuerte desprestigio de que fueron objeto las Fuerzas Armadas, sobre todo tras el llamado estallido social, seguramente ha tenido un impacto en la falta de interés de los jóvenes. Pero previsiblemente el factor más incidente ha sido que el presupuesto contemplado para estos fines ya no resulta suficiente para generar los incentivos que hagan atractiva una carrera militar. Más allá de que el gobierno afirme que los fondos están asegurados, lo concreto es que los recursos actualmente solo alcanzan para financiar efectivamente a poco más de 1.300 soldados profesionales, y de allí que las convocatorias que cada año hace el Ejército sean del orden de 1.400 plazas.

De allí que el verdadero debate que debería ocupar al Ejecutivo y los parlamentarios es cómo el Estado asegura los suficientes recursos e incentivos para que la planta de conscriptos y tropa profesional sea la que corresponde para que el Ejército pueda cumplir las múltiples tareas que se le exigen, que van desde vigilancia de fronteras, estados de excepción o custodia de infraestructura crítica, así como asegurar los fondos estratégicos de las Fuerzas Armadas que permitan el reemplazo de armamento en el largo plazo.